Medio Rural lanza 140.000 apercibimientos al año para limpiar las fincas de maleza

Desde enero de 2023, las notificaciones ya tienen validez por un cuatrienio, sin necesidad de tener que enviarlas cada año

Tareas de desbroce de la Xunta en un camino

Tareas de desbroce de la Xunta en un camino

X. A. Taboada

X. A. Taboada

El pasado viernes, el Diario Oficial de Galicia publicó la resolución por la que se prorroga el convenio de protección de las aldeas, con un presupuesto de 12,5 millones de euros, destinado a desbrozar de maleza los perímetros de las poblaciones cuando los propietarios de las fincas, pese a estar obligados, no lo hacen o se desconoce quién es el dueño.

Esta exigencia legal cada vez se cumple más, conforme los vecinos se van concienciando, pero aún así la Administración tiene que intervenir para recordar a los propietarios que deben desbrozar las fincas que rodean los pueblos para reducir el riesgo de incendios y evitar que las llamas lleguen a las casas. El caso es que desde 2021 la Consellería do Medio Rural envió nada menos que 415.524 apercibimientos a los dueños para recordarles su obligación, lo que da una media de 138.500 cada año.

Estas notificaciones, según datos de la Xunta, afectaron a 279.810 referencias catastrales tras proceder a la revisión de 1,8 millones de parcelas en toda la comunidad y a la gestión de casi 89.000 hectáreas. Inicialmente, la participación de los propietarios en la limpieza de las fincas o de forma subsidiaria por Seaga apenas llegaba al 50% en el año 2019, pero el pasado ejercicio se llegó ya al 70%, lo que evidencia un cada vez mayor compromiso por parte de los dueños para mantener despejada de maleza las parcelas más próximas a las aldeas.

350 euros por hectárea

Para fomentar la limpieza de fincas, Medio Rural y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) llegaron a un acuerdo en 2018 para que la empresa pública Seaga ofreciese la opción de desbrozar terrenos en las fajas de seguridad –el perímetro de 50 metros que rodea las poblaciones– a un coste de 350 euros por hectárea –la misma tarifa que sigue vigente actualmente–, ante las dificultades para los concellos de realizar esas tareas de forma subsidiaria. Se puso en marcha en 2019 para dar facilidades a los propietarios.

El dueño puede contratar los servicios de Seaga. Y Seaga puede entrar en oficio a desbrozar si el propietario no lo hace y luego pasarle la factura, además de tramitar una multa que como mínimo asciende a 100 euros.

Actualmente son 283 los ayuntamientos que están adheridos al convenio de protección de las aldeas, lo que representa el 90,4% el conjunto de los municipios gallegos (313).

Hasta el 1 de enero de 2023, los apercibimientos se mandaban cada año, avisando a los propietarios de la obligación de tener limpias la fincas para el mes de junio, y eran necesarias varias antes de proceder a la sanción o a la limpieza de forma subsidiaria.

Cambios

La ley de acompañamiento de los presupuestos del pasado año introdujo un cambio clave. Los apercibimientos se transforman en válidos durante un plazo de cuatro años, por lo que tras los controles de abril y mayo –las parcelas deben estar desbrozadas antes de junio, cuando se inicia la temporada de riesgo– no es necesario tramitar una segunda queja ante los incumplidores durante un cuatrienio. Si alguna finca vuelve a ser detectada con maleza, se procede a su limpieza y a tramitar la correspondiente denuncia.

El convenio de este año con Seaga y la Fegamp contará con una aportación de la Xunta de 7,75 millones de euros a través de dos addendas: una aprobada a finales de noviembre con 5,425 millones, una dotación que se completará nombres de marzo con una segunda incorporación presupuestaria de 2,325 millones.

Por su parte, las entidades locales contribuirán con los restantes 4,5 millones de euros para poder llevar acabo las actuaciones en el marco del sistema público de gestión de la biomasa en las fajas secundarias.

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