La Xunta adelanta el pago del plus a las pensiones no contributivas a las puertas de las elecciones

El Gobierno gallego adelantará el pago del complemento de las pensiones no contributivas. Así lo anunció ayer el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, tras el último Consello de la Xunta celebrado antes del arranque de la campaña para las elecciones del próximo 18 de febrero. Este es el segundo año consecutivo en el que el Gobierno liderado por Rueda anticipa esta prestación, que habitualmente se proporcionaba a los beneficiarios en el mes de diciembre y que en ya en 2023 se abonó en el mes de abril.

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección justificó la decisión asegurando que no se debe a la cita con las urnas, puesto que el año pasado “también se hizo durante principios de año”. Asimismo, resaltó que el Gobierno tiene que “seguir funcionando” a pesar de que los comicios estén a la vuelta de la esquina. “Ya dijimos que todo lo que se pudiera hacer inmediatamente lo íbamos a hacer, independientemente de las fechas electorales. Esta es la diferencia entre tener o no tener un presupuesto aprobado”, argumentó el presidente de la Xunta tras la reunión semanal de su equipo.

La transferencia de este complemento se realizará en un único pago de 218 euros, misma cuantía que el año anterior, y “se abonará de oficio”, como es habitual, aunque Rueda no ha especificado la fecha en la que se hará. La cuantía global asciende a los 8 millones de euros, cifra similar a la del ejercicio anterior, cuando se produjo un incremento del 5,8%. En Galicia son perceptores de este complemento los 37.000 residentes en la comunidad que tienen una pensión de este tipo.

Por otro lado, Alfonso Rueda confirmó que se atendrá a la resolución de la Junta Electoral, que estimó una denuncia presentada por el PSdeG, y solo responderá a preguntas sobre los acuerdos adoptados por su Gobierno durante su comparecencia tras el Consello semanal de la Xunta.

La propiedad intelectual en FP

En otro orden de asuntos, la Xunta desarrollará un marco normativo para regular la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial nacidos en las aulas de Formación Profesional gallegas. Esta iniciativa, pionera entre las comunidades autónomas, tiene como objetivo, según trasladó Rueda, blindar los resultados de investigación e innovación aplicada fruto del trabajo del alumnado de los centros educativos de Formación Profesional para que reviertan en el sistema educativo.

El primer paso de este proceso será que las personas inventoras, en coordinación con la dirección de sus centros educaticos, comuniquen al Centro Galego de Innovación de la FP la obtención de los resultados de innovación susceptibles de ser protegidos. En una segunda fase se evaluarán los resultados y se “decidirá si procede a su protección en función de la calidad y las características”. A continuación, el Centro Galego asumirá los costes derivados de la solicitud.