El Gobierno eliminará en 2025 los topes en las ofertas de empleo de las administraciones
La Xunta reclama desde 2020 que se suprima la tasa de reposición en sanidad, educación y servicios sociales
El objetivo es recuperar los efectivos perdidos en la última década
Empleados públicos, en la entrada de la Xunta, en San Caetano. / Xoán Álvarez
No habrá límites en las ofertas de empleo público de las administraciones a partir de 2025. Así lo anunció ayer el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Se satisface así una reclamación de la Xunta que desde 2020 defiende que se elimine la tasa de reposición de empleados públicos en sectores prioritarios como sanidad, educación y políticas sociales. El envejecimiento de los trabajadores de la Administración autonómica, que debe afrontar en una década el relevo del 40 por ciento de su personal, sumado a la necesidad de refuerzos en determinados servicios públicos urge a un aumento de las plazas ofertadas en las oposiciones para redimensionar unas plantillas que hasta ahora estaban constreñidas por unos topes que cada año fijaba el Gobierno.
Se trata de la llamada tasa de reposición de efectivos, por la cual se autoriza anualmente el porcentaje de jubilaciones que pueden cubrir las administraciones públicas, tanto locales como autonómicas y estatales, en sus ofertas públicas de empleo. “Es muy difícil defender la tasa de reposición cuando estamos hablando de modernización y transformación de la función pública”, alega Escrivá. Por eso, aboga por sustituir este sistema por “un modelo que diseñe las plantillas con arreglo a los servicios públicos y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la UE”. El ministro confía en poder llegar a un acuerdo este año con los sindicatos. Su objetivo es recuperar la plantilla perdida en la última década.
El impacto de la crisis
El problema es que a partir de 2009, con la recesión económica, se decidió meter la tijera a las plantillas de las administraciones públicas y se limitó la tasa de reposición de efectivos por debajo del cien por cien, es decir, no se permitió cubrir la totalidad de las jubilaciones que se iban registrando, lo que en la práctica supuso un adelgazamiento de los cuadros de personal.
El periodo más duro fue entre 2012 y 2014 cuando la tasa de reposición fue del 0 por ciento, lo que significa que no se permitió cubrir ninguna vacante, con la única salvedad de servicios prioritarios como sanidad y educación donde sí se autorizó a reponer uno de cada diez puestos disponibles por jubilación. Aunque, a partir de 2015, se ampliaron estos topes la tasa de reposición no volvió a ser del 100 por cien hasta 2018.
El pasado año el tope de reposición como norma general se situó en el 110 por cien y se elevó en servicios como sanidad y educación al 120 por cien. Se permitió así crear un mayor número de plazas que las que quedaban libres por jubilaciones para ayudar a paliar el déficit de personal arrastrado de años anteriores, pero no fue suficiente.
Escrivá explicó ayer que la plantilla del sector público estatal es aún un 10 por ciento inferior a los años de la crisis financiera. Según explicó, entre 2013 y 2018 hubo de media 7.000 bajas cada año y solo se cubrieron 2.000 vacantes anuales.
Demandas
No solo los sindicatos llevaban años reclamando que se eliminara la tasa de reposición sino también la Xunta, que pidió poder lanzar ofertas públicas de empleo sin los límites impuestos por el Gobierno, al menos en tres áreas donde las carencias de personal eran más acuciantes.
Es así en el caso de la sanidad, donde existe un déficit de facultativos, especialmente en Primaria, pero la Xunta reclamó también luz verde para convocar más plazas en centros de mayores, dependencia o discapacidad pues el elevado envejecimiento poblacional de Galicia está aumentando la demanda de estos servicios. Y, de la misma manera, se pidió suprimir la tasa de reposición en educación.
Las restricciones en las ofertas públicas de empleo de los últimos años provocaron no solo un adelgazamiento de las plantillas sino un fuerte incremento de la temporalidad. Las administraciones, ante la imposibilidad de convocar plazas en las oposiciones, recurrieron a contrataciones eventuales para mantener los servicios públicos. Ahora se encuentran inmersas en procesos para estabilizar a estos trabajadores.
El número de efectivos en nómina del sector público autonómico, según los datos del Ministerio de Hacienda, se eleva a fecha de julio del pasado año a 116.904 trabajadores, son 17.000 más que un año antes. Sin embargo, este incremento se debe, por un lado, a un refuerzo de plazas en sanidad y servicios sociales, pero sobre todo a un cambio de metodología en las estadísticas del Gobierno que ahora incluye como efectivos públicos no solo los trabajadores temporales con contrato superior a seis meses sino todos los eventuales. También se incluyen otras categorías de personal, como el personal en formación o prácticas.
Tras la pandemia se generalizó la cita previa, pero superada la crisis sanitaria se mantuvo en algunas oficinas públicas, lo que suscitó quejas entre muchos usuarios. Entre los planes para transformar la administración pública, expuestos ayer por el ministro de Transición Digital, José Luis Escrivá, se incluye un cambio normativo para que no pueda exigirse obligatoriamente cita previa para relacionarse con la administración.
En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, anunció que el sistema avanzará hacia un modelo “personalizado, accesible y omnicanal”, es decir, que cada ciudadano decida por qué vía se relaciona con la administración.
Otro de los ejes que Función Pública quiere desarrollar es la de dotar de más autonomía a los gestores de recursos humanos para poder optimizar el capital humano de sus organizaciones. Así, se quiere establecer un modelo de selección de personal “basado en tareas y competencias necesarias para el desempeño de los distintos puestos susceptibles de ser ocupados”.
En esta misma línea Escrivá anunció la elaboración de un Estatuto del Directivo Público, que concrete cómo deben ser seleccionados en base a méritos, perfiles y competencias.
Se pondrá en marcha además un plan para captar talento junior y sénior procedente de la actividad privada. Estos cambios irán acompañados de una mayor digitalización de la administración y de la incorporación de la inteligencia artificial para “automatizar tareas repetitivas, liberando así recursos” y permitiendo, por ejemplo, que un mismo funcionario resuelva dudas de distintas administraciones.
Durante su comparencia, Escrivá informó también de que en el siguiente periodo de sesiones llevarán al Congreso de los Diputados una Ley de Ciberseguridad para reforzar la ciberresiliencia del sector público.
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