La contención del precio de la luz reduce por primera vez desde 2018 las quejas contra las eléctricas

La reducción del IVA de la factura eléctrica al 5% y la excepción ibérica que permitió contener el recibo del gas, así como la mayor preocupación de la ciudadanía en el incremento de precio de los alimentos, causaron el año pasado la primera caída desde 2018 de las quejas de abusos por parte de las compañías eléctricas y energéticas. De las 8.869 reclamaciones de 2022, se pasó a 6.441, un 27% de protestas ciudadanas tramitadas ante el Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC), organismo dependiente de la Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Consumo es el órgano encargado de recibir las protestas por posibles excesos empresariales. El año 2022 marcó un récord en las quejas ciudadanas, aunque solo una pequeña parte de ellas derivan en la apertura de expedientes sancionadores a las compañías. Otras pueden provocar una restitución de servicio o darle la razón al consumidor sin necesidad de sancionar a la empresa.

La guerra de Ucrania impactó de lleno en 2022 en el mercado eléctrico y gasístico, forzando al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a aplicar a mediados del ejercicio un paquete de medidas que permitió reducir el coste para las familias de su factura energética. Esas recetas se prorrogaron durante todo el año pasado. En ese contexto, las reclamaciones en las sedes del IGCC en esta materia disminuyeron un 27% hasta las 6.441, casi el 30% de las 22.813 quejas presentadas.

Facturación excesiva

“El 28,23% de las reclamaciones son en materia de suministro de energía. Los principales motivos son la ausencia de facturación, las estimaciones en las facturas y los cambios de compañía”, exponen desde el IGCC.

Las quejas totales se contrajeron apenas un 1,7% (de 23.210 a 22.813), por lo que las relativas al campo energético se desplomaron casi dieciséis veces más que la media. A pesar de ello, los datos se mantienen en niveles muy altos en comparación con ejercicios previos. En 2021, este campo registró 4.954 reclamaciones, por 4.783 en 2020, 1.733 en 2019 y 1.437 en 2018, según los datos ofrecidos por la consellería que dirige María Jesús Lorenzana.

Lo mismo sucede con los expedientes generales, que en 2021 fueron 18.621 frente a 23.210 en 2022 y los 22.813 del año pasado.

El desglose por campos sitúa en segundo lugar en relevancia a las telecomunicaciones, vinculadas al acceso a internet o compañías de telefonía, que registraron 5.248 protestas (el 23% del total) frente a las 5.555 del año 2022.

Sin embargo, lo que destaca en la documentación del IGCC es el impacto de la inflación sobre la cesta de la compra en las quejas ciudadanas. Frente a las apenas 72 reclamaciones de 2022, el año pasado se registraron 539, si bien apenas suponen un 2,3% del total. También repuntaron los expedientes vinculados al textil, el comercio electrónico y el turismo y el ocio.

Multas

Solo una de cada dieciséis quejas ante el IGCC se traduce en la apertura de un expediente sancionador, si bien durante la tramitación de este las alegaciones de la compañía afectada pueden acabar por tumbarlo. La Xunta no facilita cuántos casos se traducen en multa efectiva ni cuál es la cantidad recaudada finalmente.

Sí existen cifras del importe inicial propuesto por el IGCC, que el año pasado alcanzó los 11,6 millones de euros repartidos en 1.425 expedientes. Las cifras suponen un ligero descenso en la cantidad respecto a los 13,3 millones de 2022, si bien entonces los casos fueron 1.414. En 2021 los datos se quedaron bastante por debajo, con 987 expedientes por 6,8 millones.

“El sector con el mayor número de expedientes sancionadores en materia de consumo en 2023 es el de la electricidad y la energía, con 658 expedientes abiertos por más de 6,6 millones, seguidos por las industrias manufactureras, las telecomunicaciones y la automoción”, con 1 millón, 902.000 euros y 405.000 euros, respectivamente. En 2022, las energéticas se enfrentaron a sanciones por 4,9 millones.

Las claves

1. El IGCC tramita 62 protestas cada día

Consumo recibió el año pasado 22.813 quejas por presuntos abusos empresariales, una media de 62 al día. Es un 1,7% menos.

2. Las energéticas copan casi el 30%

Las reclamaciones al sector energético suponen más del 28% del total, con 6.441 casos, aunque son un 27% menos que en 2022.

3. Castigos totales por 11,6 millones

Las multas propuestas por Consumo suman 11,6 millones distribuidas en 1.425 casos, frente a los 13,3 millones y 1.414, respectivamente, de 2022.

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