La Xunta tratará de recaudar el impuesto a grandes fortunas

Galicia emulará la estrategia de Madrid y modificará su legislación para poder recaudar el impuesto de las grandes fortunas estatal, avalado el pasado martes por el Tribunal Constitucional, que tumbó el recurso madrileño y avanzó que aplicaría el mismo criterio con los presentados por la Xunta, Andalucía y Murcia, que entendían que se producía una invasión competencial.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, anunció ayer en el Parlamento una enmienda del PP, el grupo que apoya a la Xunta, a la Ley de Acompañamiento durante la tramitación de esta junto a los presupuestos para que “el dinero que iba a recaudar la Administración central quede en Galicia” y sirva para financiar los servicios públicos, informa Efe. Además, la Xunta mantendrá su rebaja del 50% al impuesto de patrimonio.

Se tratará de un mecanismo de carácter “temporal” que estará en vigor mientras siga vigente el impuesto estatal, que afecta a quienes superan los tres millones de euros de patrimonio y este año fue abonado por más de 12.000 personas, que inyectaron a las arcas públicas 623 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda. Se trata de un impuesto a aplicar este ejercicio y en 2024 con una base de entre el 1,7% y el 3,5%. De esos 12.010 declarantes, la mayoría corresponden a grandes patrimonios de Madrid (10.302), que aportaron 555 millones. En el caso gallego, la recaudación entre 91 declarantes ascendió a 9,8 millones.

Corgos, acompañado del portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, indicó que el mecanismo que articulará la Xunta es “muy sencillo” y consiste en que “aquellos sujetos pasivos del impuestos sobre las grandes fortunas no paguen ese impuesto porque pasan a tributar por todo su patrimonio en la comunidad autónoma”, con lo que esa cuantía que pagarían por el tributo estatal “se pasa a pagar en Galicia”.

Así, ha asegurado que van a pagar lo mismo pero, en lugar de a la hacienda estatal, a la autonómica.

Consideró que no tiene por qué ser causa de litigio con el Estado, ya que si el Constitucional “dio visos de constitucionalidad a la invasión de competencias autonómicas” y a modificar el impuesto de patrimonio, no ve que ahora “le parezca mal” que la comunidad lo haga al “contrario”.