Los litigios exprés para cobrar deudas se disparan un 25% por la escalada de precios

Galicia registra una media de 150 monitorios mensuales durante el primer semestre hasta alcanzar los 27.000

“Aumentarán, la gente está muy endeudada”, apunta Alfaya

Fachada de los juzgados de Santiago de Compostela.

Fachada de los juzgados de Santiago de Compostela. / Europa Press

Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

“La gente está muy endeudada y está creciendo la bola de nieve de quienes recurrieron a préstamos rápidos o tarjetas revolving para afrontar las subidas hipotecarias desde el año pasado y la inflación y ahora no pueden devolver el dinero”. El abogado vigués David Alfaya vaticina un incremento de los conflictos por deudas en los juzgados gallegos, que solo en la primera mitad de este año registraron 27.007 monitorios para cobrar deudas a particulares y empresas de manera exprés, sin recurrir a juicio. Se trata de 5.502 más que en el mismo período de 2022, lo que representa un 25% de incremento.

Los monitorios son un mecanismo legal para forzar el cobro de deudas de manera ágil y sin necesidad de entablar un juicio. Se definen como “procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento”.

Al esquivar el juicio, permiten el ahorro de tasas y de los honorarios de procurador y abogado, por lo que el coste es mínimo. Pero su gran ventaja para el acreedor es que si el deudor no se opone expresamente o no comparece en la vista, el juzgado de Primera Instancia en el que debe presentarse esta reclamación le da la razón automáticamente al primero y abre un período de 20 días. Si el deudor no paga la deuda, sufre un embargo. Solo si se opone, deben acudir a juicio.

Alfaya, miembro del bufete Asesority Abogados especializado en reclamaciones, recomienda siempre reclamar porque gran parte de los monitorios corresponden a fondos buitre que comprar paquetes de deuda de entidades de créditos rápidos o tarjetas revolving –que refinancian la deuda con intereses elevadísimos que pueden convertir una carga de 3.000 euros en 50.000–, tumbadas en ocasiones por los jueces debido a prácticas como intereses abusivos o irregularidades en las cláusulas.

“Los datos de monitorios van a seguir aumentando porque la gente está muy endeudada”, comenta Alfaya, que aclara que estos procedimientos son presentados un par de años como mínimo desde la asunción de la deuda, por lo que también se ven casos en la actualidad afectados por el encarecimiento de precios y vivienda, pero también por la resaca del COVID. Durante ese tiempo, las familias capean el temporal, pero llega un momento en que la deuda se dispara por los intereses y los impagos derivan en los citados litigios exprés.

La evolución estadística concede la razón a este experto. Durante la primera mitad de este año, los datos registrados en los juzgados gallegos crecieron un 25% hasta los 27.007, pero es que el año pasado ya se batió el récord histórico en la comunidad, según el Consejo General del Poder Judicial, que ofrece estas cifras desde 2007. Se alcanzaron 45.308 expedientes, dato al que solo se acerca 2009 con 44.241.

La evolución es de 41.930 en 2010, 33.759 en 2011, 36.963 en 2012, 30.477 en 2013, 34.387 en 2014, 35.174 en 2015, 29.631 en 2016, 27.626 en 2017, 30.585 en 2018, 39.040 en 2019 y 40.267 el año de la pandemia.

Los expertos recomiendan ir a juicio para rebajar la carga

Expertos como David Alfaya recomiendan a los particulares a los que les plantean un monitorio rechazarlo y litigar en un juicio para así tratar de rebajar su deuda, vinculada en muchos casos a intereses abusivos, contratos sin cláusulas explicativas o similares. Y ese mensaje comienza a calar entre los ciudadanos, que protagonizan la mayor parte de los monitorios, aunque también se utiliza esta figura para reclamaciones a empresas. “Lo único positivo es que notamos que en 40 o 45% de casos conseguimos oponernos.

Muchas personas desconocen que si no lo hacen, a los 20 días se enfrentan a embargos como el de la nómina”, alerta este experto en reclamaciones.

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Una de las vías legales para que las familias zanjen sus deudas y no las arrastren de por vida es la Ley de Segunda Oportunidad, es decir, declararse en quiebra. Comenzó a aplicarse en 2016 y su objetivo reside en permitir “que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”, según reza la norma.

Para acogerse a esta opción, debe tener deudas con al menos dos acreedores y carecer de patrimonio para saldarlas. En el primer semestre del año, se acogieron a esta vía 704 gallegos, más de los 699 de todo el año pasado.