La crisis de precios dispara los litigios exprés para cobrar deudas al punto más alto en doce años

De media, cada día se firmaron en Galicia 125 monitorios en esos primeros tres meses. Se trata de unos “procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento”, incluidas las relativas, por ejemplo, a las comunidades de vecinos.

Sin embargo, la mayor parte de casos se refiere a los créditos rápidos y las tarjetas “revolving”, que permiten ir refinanciado la deuda con intereses de hasta el 5.000%.

Ante los impagos, los fondos buitres que adquieren paquetes de deuda de este tipo con un descuento se lanzan a los juzgados para intentar cobrar y así lograr beneficio. Aunque la banca está renunciando a cientos de juicios porque las sentencias acaban dando la razón a los clientes que alegan usura e intereses excesivos, los monitorios permiten esquivar las sentencias.

Los acreedores recurren a esta vía para reclamar deudas en sede judicial, pero sin entablar una demanda per se. Permite ahorrar tasas y honorarios de procurador y abogado, necesarios en un juicio, pero no para registrar un monitorio.

El coste administrativo se rebaja a 100 euros, por lo que muchos particulares y, sobre todo, fondos buitre optan por ellos. Pero la gran ventaja que les ofrece a estos últimos es que si el deudor no se opone expresamente o no comparece en la vista fijada tras reclamarle el pago, el juzgado le da la razón automáticamente al primero y abre un período de 20 días. Si el deudor no paga, sufre un embargo. Si se opone, deben acudir a juicio. Ahí aprovechan un alto grado de no oposición para salir victoriosos y tratar de cobrar deudas en muchos casos excesivas.

El año pasado se contuvo la cifra con 40.142 casos, un pocos menos de los 40.267 registrados en 2020, año de la irrupción del COVID-19. Aun así, fueron los dos únicos ejercicios desde 2010 en que se superó la barrera de los 40.000.

El inicio de este año marca también un récord desde 2010 para un primer trimestre, con 4.071 monitorios en Pontevedra, 4.691 en A Coruña, 1.307, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.