Arreglos y restauraciones en casas disparan la detección de vertederos ilegales en Galicia

Están fuera del foco, no salen en las postales ni en la imagen de recuerdo que inmortaliza unas vacaciones en Instagram, pero, pese a la concienciación ciudadana y a la existencia de puntos limpios, todavía emborronan los montes gallegos o las periferias urbanas en cientos de ocasiones: son los vertederos ilegales. Si solo se tiene en cuenta la actividad de la UPA –Policía Nacional adscrita a la Xunta–, durante el año pasado sus agentes encontraron o inspeccionaron con más de 1.100 basureros incontrolados con residuos sólidos por “toda” la comunidad, como aseguran en la memoria relativa a 2022, pero “sobre todo” alrededor de las ciudades y en zonas forestales.

El efecto de descenso que habían experimentado las cifras con pandemia se sigue desvaneciendo y por tercer año consecutivo la montonera de escombreras, ruedas y restos de muebles rotos y aparatos domésticos vuelve a crecer. Esta vez el dato de puntos de vertido incontrolados inspeccionados y localizados por los agentes se dispara un 44%, hasta un total de 1.122, desde los 778 de un año atrás, tendencia que la Administración gallega asocia a la recuperación de la actividad industrial pospandemia.

"Normalización" de la actividad

Desde Vicepresidencia da Xunta señalan que el aumento de las inspecciones trasladadas por los agentes autonómicos se debe a que “se normalizó la actividad industrial después de la pandemia del coronavirus” y, en particular, inciden, en el ámbito de la construcción, un sector en el que se observó un “repunte” en lo que respecta a “arreglo y restauración de viviendas” después de que la pandemia reavivase el interés por casas y fincas en el rural y por las reformas.

“Estas actividades –sostienen– contribuyen a que se produzcan vertidos en los montes y aguas continentales y marítimas de la comunidad”. De hecho, los agentes de la Policía autonómica, que en la medida de lo posible tratan de agrupar los vertederos según el tipo de basura predominante, dejan constancia de que las escombreras con residuos procedentes de construcción o de demolición imperan en casi la mitad de los casos, con 520 casos.

Suponen un 70% más que un año atrás, aunque también crecen los vertederos de material doméstico un 45%. De los 1.122 puntos ilegales localizados, acabaron en denuncias ocho de cada diez. Con todo, esos borrones en el paisaje son todavía un 13 por ciento inferiores al dato prepandemia: en 2019 se inspeccionaron o localizaron 1.289, lo que puede reflejar una mayor concienciación ciudadana en materia de medio ambiente y el disponer de una red de puntos limpios repartida por toda la geografía.

La protección medioambiental es uno de los objetivos de la Unidad de Policía Nacional adscrita á Xunta. El ámbito concreto de los vertederos ilegales, según aseguran en su memoria, recibió en los últimos años “un nuevo pulo” con vistas a intentar elaborar un censo actualizado para tratar de “erradicarlos y recuperar el equilibrio medioambiental”.

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