Cada vez se han vuelto más escasas las estampas de basura interrumpiendo el paisaje. La insistencia en la concienciación ciudadana ha dado sus frutos y el disponer de una red de puntos limpios repartida por toda la geografía gallega también han contribuido. Aun así, la Policía Autonómica, la unidad de Policía Nacional adscrita a la Xunta, confirma con sus inspecciones que Galicia es todavía, como poco, el país de los mil vertederos.
En concreto, en el informe de actuaciones relativo a 2020, indican que se localizaron e inspeccionaron un total de 990 puntos de vertido de residuos incontrolados en toda la comunidad y señalan que más de la mitad, 591, acabaron en denuncia. La cifra es inferior a la anotada en 2019, cuando la labor inspectora de la UPA permitió dar con 1.289 lugares donde se había arrojado basura, sobre todo en zonas forestales y periurbanas, que desembocaron en la apertura de 982 expedientes, casi el doble. No obstante, hay que tener en cuenta que 2020 estuvo marcado por la limitación de la movilidad.
Lo que año tras año se repite es que en la mayor parte de los casos, los efectivos de las fuerzas de seguridad se encuentran con depósitos de basura donde se mezclan todo tipo de residuos. En esta ocasión, en la mayoría de los casos los restos predominantes están conformados o bien por basura doméstica (en 611 puntos) o bien por restos de construcción y demolición (más de trescientos).
Durante 2019 esta última categoría de desechos había provocado la apertura de 328 expedientes, seis veces más que el año previo. Sin embargo en 2020 la cifra de denuncias derivadas de las inspecciones ha caído más de un 40%, hasta las 184, una disminución que también puede leerse en un contexto de mayor restricción de la movilidad y de la actividad.
Detectar e investigar vertederos ilegales es uno de los objetivos de la UPA desde siempre en materia de medio ambiente, explican en su memoria los agentes autonómicos, aunque en la actualidad recalcan que se ha dado a esta tarea “un nuevo pulo” para poder obtener una fotografía actualizada, un censo completo, de dónde están, con ánimo de “tratar de erradicarlos y recuperar el equilibrio medioambiental”.
Erradicación
Si los agentes detectan y denuncian este tipo de vertidos, cuando no son los propios vecinos quienes hacen llegar sus quejas cuando se los encuentran en las afueras de sus barrios, los campos de fútbol, en los lugares por los que pasean, Xunta y concellos colaboran en su erradicación. Este año la Administración gallega destinará un millón de euros a la tarea, el mismo montante que invirtió el pasado ejercicio, cuando se tradujo en un total de 114 puntos de vertido incontrolados eliminados a lo largo de todo el año.
Estos puntos, localizados en su mayoría en concellos ourensanos y lucenses (nueve en cada una de esas provincias), pero que también afeaban el paisaje y la salud medioambiental en parajes de los municipios pontevedreses de Covelo, Pazos de Borbén y Rodeiro, suponen un ligero aumento respecto a los suprimidos en 2019 –cuando fueron 112–. En total, si se tienen en cuenta los vertederos clausurados desde 2009 al amparo de este programa, suman ya un total de 1.221.
Arrojar un electrodoméstico en mitad de un paraje o fuera de las zonas habilitadas para ello (siempre un punto limpio) puede salir muy caro. Si este tipo de actuaciones “irresponsables” se registran en zonas protegidas, las personas responsables pueden enfrentar también las sanciones previstas en la Lei de Patrimonio natural por las consecuencias que pueden tener sobre la biodiversidad, recuerdan desde la Administración gallega. En la práctica, el poco cívico comportamiento puede traducirse en sanciones de entre 3.001 y 200.000 euros.
Adega aboga por habilitar puntos limpios, pero también informar
Aunque tropezarse con vertederos en la naturaleza no es tan habitual como antes, porque muchos puntos fueron eliminados, desde Adega apuntan que “no hay un río del país en el que no aparezca un televisor”. Existen puntos limpios, recuerdan, para dar cabida a los residuos que no la tienen en los contenedores habituales y ahí deberían acabar desechos especiales, como electrodomésticos, colchones, aparatos eléctricos, pilas, lámparas... Algunos por su volumen, otros porque en su composición entran productos “muy tóxicos” que, liberados en el medio ambiente, “pueden contaminar y tener grave efectos sobre la salud o sobre los ecosistemas”, que pueden llegar a los acuíferos y al grifo. La cuestión es por qué a alguien puede parecerle más cómodo meter una lavadora en el maletero del coche a horas intempestivas para arrojarla donde no está permitido y en cambio no acudir al punto limpio. “No se puede comparar con hace años, pero persisten estos hábitos porque en la parte educativa y de concienciación no se invirtió lo suficiente” y tampoco en la de reducción de los residuos, por lo que abogan desde la asociación. Para “disuadir” de estas actitudes, Adega apela al “interés” de las Administraciones por disponer los puntos limpios adecuados en número, ubicación y con el “personal suficiente” para poder gestionar esos residuos de forma “aceptable” y a que el ciudadano debe cumplir “con ese mínimo de civismo”. Para ello, creen, hay que trabajar “mucho” la educación ambiental en escuelas, comunidades de vecinos, concellos... Entienden que mucha gente desconoce dónde está el punto limpio de su zona, porque los concellos los pusieron en marcha “por imperativo legal”, pero después “no se hizo el esfuerzo” de hacer campañas de formación o concienciación a los vecinos de que hay residuos que dan muchos problemas. Pero Adega insiste en ir más allá y “cambiar” la idea de “usar y tirar”.
