La decisión del Tribunal Constitucional de tumbar el recurso de la Xunta contra la disposición estatal que obliga a pagar IRPF si se vende una herencia en vida en los cinco primeros años desde la recepción afectará a casi 200.000 gallegos.
El Ejecutivo gallego cifra en ese dato la cantidad de gallegos que se adhirió en los últimos cinco años a las herencias en vida, reguladas por el derecho civil autonómico. Desconoce, sin embargo, cuántas han vendido esos bienes y deberán pagar al fisco lo que la Xunta considera una “doble imposición”.
“Es injusto equiparar las donaciones con los pactos sucesorios. Lo lamento”, expuso el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que analizará las posibilidades de “compensar” esa nueva carga fiscal.
