La Xunta pretendía concluir este año el vuelco a su modelo de gestión pública del monte por el que explota 244.000 hectáreas de terrenos de comunidades vecinales merced a unos convenios de reforestación que datan de los años 50 y que ahora han quedado muy desfasados. La previsión es transformar esos acuerdos de gestión en contratos temporales de diez años de duración y con nuevas condiciones y devolver hasta 150.000 hectáreas a sus dueños para que sean ellos los encargados de sacar provecho del monte. El plazo para completar esta transformación finalizaba en principio el próximo día 31 de diciembre, pero la Consellería do Medio Rural se ha visto obligada a ampliarlo dos años más –hasta diciembre de 2023– para así tener tiempo para aprobar y aplicar el decreto que regula este proceso.
El cambio se ha introducido en la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos. “Se amplió el plazo porque está en tramitación el decreto por el que se aprueba le reglamento por el que regirán los contratos temporales de gestión pública”, indica la Consellería do Medio Rural.
De las 244.000 hectáreas que están ahora en manos de la Xunta, la idea es quedarse con la gestión de entre 100.000 y 150.000 hectáreas mediante los contratos temporales. Se trata de terrenos pertenecientes a la provincia de Ourense y del interior de la Lugo por ser los menos productivos o poseer un especial interés medioambiental. Pero en el resto de los montes –los más rentables por las cortas de madera o su ocupación por parques eólicos–, sobre todo en la vertiente atlántica, se devolverá la gestión de los mismos a las comunidades vecinales, que serán las que a partir de 2024 tendrán que asumir directamente la explotación de sus bosques, que serán entre 94.000 y 144.00 hectáreas, en función de los objetivos que consiga la Xunta en su planificación forestal.
Proceso complejo
Pero el cambio del modelo no se va a ser sencillo porque va a exigir que antes de abandonar el sistema de convenios del siglo pasado, los propietarios tengan que saldar las deudas que tienen con la Administración. La Xunta adelantó inversiones para estos terrenos, sobre todo reforestaciones, con la intención de recuperar el dinero más adelante con la venta de madera, pero no siempre se cubrieron costes y, en ese caso, debe ser la comunidad de montes la que pague la diferencia.
Y el hecho de que no será sencillo es que la Consellería do Medio Rural lleva ya años con el proceso de extinción de estos consorcios. Así, en 2019 y 2020 se rescindieron los antiguos convenios en montes con una extensión de 18.000 hectáreas en cada ejercicio. Pero se trata de un ritmo muy lento con respecto al objetivo que se busca para los dos próximos años, de ahí que se pretenda acelerar el proceso con el decreto que está en tramitación. “Cuando tengamos la regulación se podrá realizar la transición desde los actuales convenios a los nuevos contratos, pero se necesita más tiempo”, indica Medio Rural.
Mientras, por otra parte, la misma consellería activará este año la ley que permitirá a los concellos o la Xunta –esta con carácter subsidiario–, asumir la gestión de montes en mano común abandonados porque no existen, por las razones que sea, las comunidades vecinales, un efecto generalmente producto de la despoblación del mundo rural.
