La demanda de pisos protegidos en alquiler cuadruplica ya a los que aspiran a su compra

Antes de la crisis de 2008, muy pocos gallegos se apuntaban en el registro de demandantes de vivienda de la Xunta para acceder a un piso de protección pública en alquiler. Casi todos ansiaban acceder en propiedad. Pero las preferencias de entonces poco tienen que ver con las actuales. Ahora lo que manda es la solicitud de una vivienda en alquiler hasta el punto de que los que optan por esta fórmula cuadruplican ya a los aspirantes a su compra: el 79% frente al 21%. Así se recoge en un reciente informe elaborado por la Xunta sobre el registro de demandantes de Galicia.

En agosto del pasado año, en la comunidad había 15.073 inscritos en espera para acceder a una vivienda de protección, un mercado, en todo caso, muy limitado, pues el número de pisos de estas características es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades. Del total de demandantes, 8.913 (el 59%) optan en exclusiva por el régimen de alquiler y otros 3.011 (el 20%), apuestan por el alquiler con opción posterior de compra. Solo el 21% (3.149 personas) pide acceder a una vivienda en propiedad.

Sin embargo, la oferta de arrendamiento está básicamente en manos del Instituto Galego da Vivenda Solo (IGVS) y su parque inmobiliario para este fin no llega a las 4.000 viviendas, que además ya están ocupadas. Los concellos apenas tienen y las que ofrecen están destinadas a casos de emergencia social o de víctimas de violencia de género, por ejemplo.

Compra de viviendas

Ayer, precisamente, Xunta firmó la compra de 55 viviendas destinadas a alquiler social a la entidad financiera Abanca, por un total de 3,9 millones de euros, en una treintena de municipios de Galicia. La adquisición de estas viviendas, que la Xunta ya gestionaba para ofertar en régimen de alquiler social a personas en situación de emergencia, fue acordada el pasado mes de diciembre por el Gobierno gallego, y se suman a las 46 que tiene previsto adquirir de la Sareb –la sociedad para dar salida a los activos tóxicos de la banca rescatada– durante este mismo año.

Del total de viviendas compradas a Abanca ocho están en Vigo, cuatro en A Coruña y cuatro en Salvaterra do Miño; así como tres en Ourense y otras tantas en A Cañiza; y dos en Ribeira, A Guarda, Caldas de Reis, Pontecesures, Silleda y Tomiño; mientras que en el resto de municipios son solo una.

Foto fija

El registro de demandantes permite hacer una radiografía de las necesidades de vivienda de protección pública en Galicia, que más bien parece una foto fija porque apenas ha cambiado a lo largo de los años. La provincia de Pontevedra es la que más solicitudes registra históricamente y esto no ha variado. Actualmente sus demandantes suponen, con 8.192, el 54% del total de la comunidad, con la ciudad de Vigo con las cifras más abultadas, pues tiene 5.820 inscritos en el registro que representan el 38,6% de todas las solicitudes presentadas en Galicia.

En segundo lugar figura A Coruña, con 1.756 peticiones (el 11,6%), y tras ella, Lugo (1.235 y 8,2%), Pontevedra (945 y 6,3%), Santiago (777 y 5,2%), Ferrol (416 y2,8%), Ourense (323 y 2,1%) o Vilagarcía (217 y 1,8%).

En números absolutos, la segunda provincia con más necesidad de vivienda de protección pública es la de A Coruña, ya que cuenta con 4.096 inscritos, que suponen el 22% del total, por los 2.160 de Lugo o los 625 de Ourense. Pero si se tiene en cuenta el peso de los demandantes en función de la población, entonces hay una modificación sustancial. Pontevedra sigue estando en cabeza, con 87 solicitudes por cada 10.000 habitantes, pero en segundo lugar se sitúa Lugo, con una demanda de 66 viviendas de protección por cada 10.000 vecinos. En A Coruña bajan a 37 y en Ourense, a solo 20.

Las prioridades están además muy claras en cuanto a la demanda, pues las siete ciudades concentran el 75% de todas las inscripciones (11.272 viviendas).

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