La Xunta ultima la revisión al alza de los primeros contratos de obra en marcha que se modificarán para paliar el efecto de la inflación e impedir la paralización de proyectos. Los expedientes que la Consellería de Infraestruturas está a punto de autorizar permitirán a las adjudicatarias de esas actuaciones recibir 4,4 millones de euros más para contrarrestar el encarecimiento de materiales que había convertido en papel mojado las previsiones de sus contratos.
La Xunta se adelantó a comienzos de año al Gobierno central en la articulación de un salvavidas económico para las constructoras adjudicatarias de proyectos públicos, fuesen infraestructuras o edificaciones civiles, aunque poco después el Ejecutivo articuló su propio sistema, solapándolo con el gallego. Infraestruturas tuvo que ajustarse a los criterios estatales.
“La revisión excepcional se realizará cuando el aumento de los costes haya tenido un impacto relevante en el contrato durante el año 2021, superior al 5% del importe certificado en ese ejercicio y hasta un máximo del 20%”, estableció el Gobierno central el pasado mes de marzo. El límite de pago extraordinario se limitó a ese 20%, pero solo a proyectos afectados por incremento de precios de materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre, si bien ahora sopesa aumentar los casos cubiertos por este paraguas a nuevos materiales: cemento, madera, cerámica, plásticos, productos químicos y vidrio.
Esa medida “conllevará una disminución del número de resoluciones de contratos, una menor litigiosidad y un mayor porcentaje de ejecución presupuestaria, contribuyendo todo ello a afianzar la recuperación económica”, alegó el Gobierno central.
Infraestruturas ajustó sus revisiones a estos criterios y cuenta con tres casos ya en la rampa de salida para abonar un extra de 4,4 millones. “El procedimiento de revisión tiene dos partes: una primera en la que se resuelve el derecho a la revisión de precios; y una segunda en la que, resuelto favorablemente el derecho a revisión, se procede al pago, parcial o total, en función del estado de la obra”, aclaran desde el departamento dirigido por Ethel Vázquez.
Vigo se encuentra en el epicentro de los tres primeros casos, que se resolverán en breve tras establecer ya una propuesta la Xunta. Dos de los proyectos se están acometiendo en la ciudad olívica.
Uno es la construcción de la terminal de autobuses de la intermodal, cuya revisión provisional supondrá una inyección adicional de 1,24 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,71% respecto al importe certificado. El segundo es la ampliación de la Fundación Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), con una aportación de 730.000 euros, un 9,6% más de lo certificado.
El expediente de mayor cantidad de dinero afecta a la conversión en autovía del corredor Nadela-Sarria, concretamente al tramo entre San Xiao y el centro de Sarria. El incremento de fondos es del 12%: 2,36 millones de euros.
A los largo de las próximas semanas, Infraestruturas deberá resolver las peticiones de revisión extraordinaria de precios en otras 30 obras que han llegado a sus oficinas.
“Se están tramitando estas peticiones de revisiones de precio, aunque se prevé que no todas ellas sean favorables, pues la aceptación está supeditada al cumplimiento de todos los requisitos del Real Decreto que las regula”, matizan desde este departamento de la Xunta.
Entre esos proyectos que solicitan dinero extra, se encuentran otros tramos de la autovía Nadela-Sarria, tramos de la vía de alta capacidad Tui-A Garda, la mejora de la AG-41 en Sanxenxo o la estación de autobuses de Pontevedra, entre otros.
A los 4,4 millones de euros que se abonarán por las tres primeras revisiones, se unen al menos otros 4,4 por la decisión de la Xunta en los últimos meses de elevar los precios de licitación de nuevas obras para evitar problemas como que quedasen desiertas o que acabasen en peligro de no ser finalizadas por la necesidad de más recursos.
La Xunta alega que con esa medida evitó los problemas detectados a principios de año. “Hubo ciertos momentos complicados por las tensiones de la crisis de materiales en actuaciones como la reforma interior de la estación de autobuses de Pontevedra o el CIS Lalín, que afectaron en su momento a la ejecución, pero fueron resueltas”, recuerdan desde el departamento dirigido por Ethel Vázquez. A ello se unió la licitación del centro integral de salud Olimpia Valencia de Vigo, que tuvo que ser licitado de nuevo por esos problemas, que afectaron también a las entidades locales.
Proyectos desiertos
De hecho, desde octubre de 2021 hasta el pasado mes de septiembre, un total de 1.939 concursos convocados por las administraciones en España por casi 883 millones de euros quedaron desiertos. En Galicia fueron 149 las licitaciones vacantes durante el último año por un valor de 30,3 millones, según un informe de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
En el caso de la Xunta, “los nuevos proyectos que se van cerrando ya están ajustados a los precios de mercado”.
