La comunidad de Murcia se ha subido también a la espiral de rebajas fiscales que preconiza el PP, carrera en la que se han metido de lleno Madrid, Castilla y León y Andalucía con el argumento de aliviar el bolsillo de los contribuyentes en un escenario de incremento de costes de la energía y de la inflación. Esta apuesta no hace sino meter presión a la Xunta que, al menos de momento, opta por seguir su “propia senda” al margen de lo que hagan otros territorios.
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La última autonomía en apuntarse a la ofensiva fiscal ha sido Murcia, que aprobará en su Consejo de Gobierno de hoy una rebaja del 4,1% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). “Seguimos bajando impuestos para que las familias no carguen con el incremento de los costes debido a la inflación”, sostuvo su presidente, Fernando López Miras.
El Gobierno autonómico está estudiando además la supresión del Impuesto de Patrimonio, si bien esa medida no está aún ultimada, ya que la bonificación total de este tributo estaría condicionada a la mejora de la financiación autonómica.
Feijóo se pone de perfil y asume las discrepancias fiscales de sus barones
Quien ya no lo tiene implantado es la comunidad de Madrid y la siguiente autonomía que lo dejará sin efecto será Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno, avanzó el pasado lunes que lo suprimiría, reivindicando ayer que ha situado a Andalucía al frente del debate económico en España con su rebaja fiscal y que lleva a una “verdadera revolución” a su territorio, que pasa a mirar “de tú a tú” a Madrid o Cataluña y a competir por atraer inversores.
Ante estos movimientos, sin conocer todavía el paso dado ayer por Murcia, la Xunta optó por ponerse de perfil y esquivar la presión que le llega desde otros territorios gobernados por el PP. El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, defendió el martes que la comunidad gallega continuaría con su “propia senda”. “Lo que hagamos en Galicia lo vamos a hacer con independencia de lo que hagan en otro sitio, sean del signo que sean, en cualquier iniciativa presupuestaria”, indicó.
La Xunta, al menos de momento, opta por ponerse de perfil y eludir el debate
Como medidas confirmadas desde mayo, la Xunta se comprometió a que en 2023 los gallegos en el primer tramo del IRPF pasen de un gravamen del 9,4% a uno del 9% y a que las familias con dos hijos menores de 25 años contarán con las mismas ventajas, a efectos de IRPF, que los que tienen las familias numerosas.
En Castilla y León, la Junta tiene previstas y anunciadas varias rebajas impositivas recogidas en el acuerdo de investidura entre el PP y Vox, la bajada del IRPF al 9%, fiscalidad diferenciada para el medio rural y la supresión o congelación de varias tasas autonómicas.
Moreno abre una guerra con Ayuso para captar a empresarios que tributan en Madrid
El lunes, Andalucía avanzó su ofensiva fiscal, que incluye la deflactación del IRPF, como también anunció Madrid, además de la supresión del Impuesto de Patrimonio, que le suponen 96 millones anuales para las arcas autonómicas. Y a esta senda también se ha incorporado ahora Murcia.
Este comportamiento ha reavivado, sin embargo, la disputa de la fiscalidad también dentro de las filas populares. Y en Génova aseguran que asumen las discrepancias: “Cada territorio tiene sus particularidades y no se pueden aplicar las mismas recetas en Madrid, Andalucía o Galicia”.
Lo que explican en el núcleo duro de Núñez Feijóo es que lo que comparten todos los presidentes autonómicos es la tendencia de bajar impuestos para aumentar el crecimiento económico “frente a la creencia de los socialistas que es subirlos”. Pero, a partir de ahí, insisten en que Feijóo será “coherente” con su posición autonomista y más todavía cuando se trata de competencias específicas de las comunidades en materia fiscal. “Que cada autonomía decida sus políticas dentro del margen que tiene”, indican, aunque el PP evitará a toda costa es mostrar fisuras “que realmente no existen”, dicen en Génova.
El PP solo apoyará un impuesto a energéticas igual al de la UE y sin que afecte a la banca
El Gobierno se plantea ahora la creación de un impuesto a las grandes fortunas
En pleno debate sobre la competencia fiscal entre las comunidades autónomas, los dos socios del Gobierno central, socialistas y morados, han aprovechado para compartir otra bandera política. Pedro Sánchez ha dado vía libre para explorar la creación de un impuesto a las grandes fortunas, con el objetivo de poder mantener el sistema de ayudas en plena crisis energética. Era una reivindicación de Unidas Podemos que fue tumbada por su socio en el Congreso el pasado mes de junio.
“Debemos pedir una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratis, los 200 euros a las rentas con menos de 14.000 euros, para poder seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad, becar a los alumnos…”, defendió ayer María Jesús Montero en los pasillos del Congreso. La ministra de Hacienda recordó que, al igual que han promovido la creación de nuevos gravámenes a las empresas energéticas y a la banca, el Ejecutivo está analizando la posibilidad de aumentar la aportación a las arcas públicas de “las grandes fortunas” de España.
El nuevo impuesto es una de las principales peticiones de Unidas Podemos esta legislatura. El PSOE la había rechazado hasta ahora con el argumento de que no se había consensuado en el seno del Ejecutivo, tenía dudosa eficacia para recaudar y la inutilidad final, porque, decían los socialistas, se podría trasladar esa mayor presión a las grandes fortunas a través del impuesto de sociedades. Los morados detallaron en la proposición de ley que presentaron que se aplicara a las fortunas que superen los 10 millones de euros.