Las rebajas fiscales se han convertido para el PP en su principal arma para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama al Ejecutivo central que baje tributos, comunidades gobernadas por la derecha como Andalucía, Madrid o Castilla y León rivalizan entre sí con agresivas reducciones de impuestos. Galicia no se queda atrás. Bajó el IRPF este año y lo volverá a hacer en 2023, pero no entrará en guerras fiscales con otras autonomías. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que “no pretenden competir con nadie”. “Seguiremos bajando impuestos cuando los recursos presupuestarios y los servicios lo permitan, pero a nuestro ritmo, sin estar pendientes de lo que hagan otras autonomías”, señaló.
Así se expresó después de que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, anunciara que va a seguir bajando impuestos “para competir con Madrid”.
En la comunidad madrileña es donde se paga menos IRPF –el tipo mínimo se sitúa en el 8,5 por ciento–, además los contribuyentes están exentos de pagar el impuesto de Patrimonio y Sucesiones está bonificado al 99 por ciento. Esto ha provocado que, en más de una ocasión, se haya acusado a Madrid de practicar “dumping” fiscal. Sus atractivas políticas tributarias atraen así más población y empresas en detrimento de otras comunidades con menos capacidad económica para aplicar rebajas en sus impuestos.
Ahora otras autonomías gobernadas por el PP siguen la senda de Madrid tratando de ponerse a su nivel. En Castilla y León su presidente Alfonso Fernández Mañueco anunció en abril, tras ganar los comicios autonómicos, una rebaja de los tipos mínimos del IRPF del 9,5 al 9 por ciento.
“Bajar impuestos funciona en Andalucía, vamos a seguir haciéndolo y vamos a competir con Madrid
Y lo mismo hace Juanma Moreno. Tras su victoria en las andaluzas, anunció una deflactación de las tarifas autonómicas del IRPF y la suspensión del canon de infraestructuras hidráulicas. “Bajar impuestos funciona en Andalucía, vamos a seguir haciéndolo y vamos a competir con Madrid”, explicó.
Los populares convierten así la bajada de impuestos en su principal estandarte y en uno de los reproches constantes hacia el Gobierno de Pedro Sánchez a quien le piden que alivie el alza de precios sobre la población con rebajas fiscales. De hecho, Feijóo propuso una reducción de impuestos a nivel nacional por valor de 10.000 millones de euros.
En Galicia como presidente de la Xunta, antes de su marcha a Madrid, Feijóo aprobó para 2022 una reforma fiscal que consistió en simplificar los tramos del IRPF, que pasaron de siete a cinco, y rebajó los tipos para todas las bases liquidables inferiores a 60.000 euros.
Y su sucesor en el cargo, Alfonso Rueda le tomó el testigo, de manera que en su investidura como presidente de la Xunta avanzó una nueva rebaja fiscal para 2023. El tipo mínimo del IRPF bajará del 9,4 por ciento al 9 por ciento, situándose Galicia como la segunda comunidad “con menos impuestos para las rentas más bajas”.
“Bajar impuestos es bueno”, proclamó ayer Rueda, tras el Consello de la Xunta, al tiempo que criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez no aplique rebajas fiscales ante la crisis de precios. “Cada comunidad sabe sus competencias y sus capacidades”, añadió. En todo caso, recalcó que Galicia no va a competir con otras autonomías en materia fiscal. “Vamos a seguir bajando impuestos, pero a nuestro ritmo”, apuntó.
Sanidad
El Consello de la Xunta dio ayer además el visto bueno al manifiesto impulsado por los gobiernos de Galicia y Euskadi, al que se sumaron Cataluña, Murcia, Andalucía y Castilla y León, para solucionar la carencia de médicos de Atención Primaria. Rueda lamentó que la respuesta del Ministerio de Sanidad “no vale porque son soluciones a largo plazo”.
Así, se refirió a que el Gobierno propone aumentar un 10 por ciento las plazas de las facultades de Medicina. “El problema no es tanto la falta de médicos titulados como de especialistas”, advirtió el presidente de la Xunta. En todo caso, el déficit de facultativos será discutido entre comunidades y el Ministerio de Sanidad el próximo 26 de julio en el pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Y pese a las críticas de la oposición a la Xunta por la retirada de la Tarxeta Básica, el llamado bono alimentos, Rueda se mantiene firme y defiende que “fue una medida extraordinaria para un tiempo concreto”. En todo caso, el jefe del Ejecutivo gallego defendió que se mantienen otras medidas de apoyo a colectivos vulnerables y avanzó una partida de 7,2 millones de euros para colaborar con entidades sociales que atienden a los colectivos más desfavorecidos.
Sobre la entrevista con Pedro Sánchez que aún está pendiente, Rueda le afeó que “casi 60 días después” todavía no tenga fecha, pero lo disculpará si la reunión “es productiva”.
