Andalucía se sumó ayer a Madrid en su política de competencia fiscal y anunció la supresión del impuesto sobre el Patrimonio, adelantándose así a la promesa realizada por la Xunta el año pasado de eliminar esa carga para las grandes fortunas. De hecho, fue el propio Alberto Núñez Feijóo, hoy líder del PP estatal, el que prometió tomar una medida que de momento Galicia no ha aplicado. La Consellería de Facenda no respondió a este diario si lo plasmará en las cuentas autonómicas de 2023, que presentará a finales de octubre. Las arcas gallegas lograron el año pasado, a pesar de las bonificaciones, 70 millones de euros por este concepto.
El impuesto sobre el Patrimonio fue recuperado en el año 2012 por el Gobierno central, que lo cede a las comunidades. Estas pueden aplicar un tipo cero, lo que supone en la práctica su supresión. En Galicia grava a quienes superan los 700.000 euros en propiedades, descontando 300.000 de su vivienda principal, y a quien supera los dos millones de euros. El año pasado abonaron este impuesto 8.242 personas, según la Agencia Tributaria. Este año se aplica otra bonificación del 25%.
Esta cuestión ha generado un debate sobre la justicia de su aplicación, especialmente relativo al dumping fiscal que, según acusan algunas comunidades, practica Madrid, atrayendo a grandes fortunas que esquivan el pago en lugares como Galicia.
El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, anunció ayer la bonificación del 100% del impuesto de Patrimonio, que permitirá “que se queden en los bolsillos de los andaluces” 360 millones de euros, en alusión a los más ricos que asumen ahora esa carga fiscal. Realizó precisamente su anuncio en presencia de Feijóo en un acto del grupo Joly y justificó la misma.
“Queremos favorecer que determinadas rentas fijen su residencia en Andalucía contribuyendo así con sus impuestos”, afirmó Moreno, que señaló que su objetivo es “hacer de Andalucía la comunidad de régimen común con la presión fiscal más baja junto a Madrid”. Su razonamiento es el siguiente: no castigar a las rentas altas permite que se queden en Andalucía, beneficiando a las arcas autonómicas al tributar por el IRPF.
De momento, no solo Galicia, sino los gobiernos populares de Castilla y León y Murcia mantienen este impuesto, aunque en el último caso se anunciaron bonificaciones de hasta el 100% en caso de inversiones en sectores estratégicos.
La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, aseguró ayer que la supresión del impuesto de Patrimonio causará “recortes” de servicios públicos en Andalucía.
