Desde 2020, las herencias en Galicia entre padres e hijos o cónyuges están exentas de tributación si su tasación no supera el millón de euros, pero a la hora de ceder participaciones empresariales el valor de estas puede determinar si traspasa o no ese límite, así como la cantidad a pagar en el caso de otros familiares no cubiertos por esa exención, como primos o sobrinos. Ya no digamos si se trata del impuesto sobre el patrimonio. Por eso, cada año el fisco gallego analiza con lupa miles de liquidaciones impositivas de su competencia para detectar irregularidades y evitar que se le escapen euros a las arcas públicas y haya quien esquive sus obligaciones. En el caso de las acciones y las participaciones empresariales, la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) aumentó un 25% el valor de esos bienes declarados por los contribuyentes, lo que supuso 2.750 millones de euros adicionales hasta alcanzar los 13.863 millones de todos los comprobados en 2.807 valoraciones.
Esos más de 2.750 millones de euros de incremento suponen tres veces más de lo que la Atriga aumentó la valoración de acciones y participaciones en sus trabajos durante 2020, ejercicio en que realizó, sin embargo, más comprobaciones: 3.253 frente a 2.807. Entonces, tasó esos bienes en 900 millones más de lo registrado inicialmente hasta alcanzar un valor total de 9.204 millones.
El fisco gallego tiene competencias sobre los impuestos de sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados y el de patrimonio, por lo que la correcta valoración de las propiedades de un contribuyente resulta determinante en la cantidad de dinero que debe abonar.
Sus inspecciones también analizaron los bienes inmuebles hasta sumar un análisis de 664.552 propiedades, un 12% más que en 2020, un año marcado por la pandemia de COVID-19, pero que no lastró las tareas de comprobación de la Atriga, a tenor de las estadísticas de su memoria sobre 2021.
En el terreno de las propiedades (que incluyen pisos, garajes, bajos comerciales o fincas rústicas, por ejemplo), el valor de las comprobadas subió más de 755 millones de euros, lo que atenúa la tasación en mil millones más realizada por los funcionarios de la Atriga durante 2020.
En total, la tasación de todos los inmuebles alcanzó los 5.794 millones. De ellos, 2.407 correspondieron a valoraciones a través de precios medios de propiedades similares y 3.387 a través de dictámenes de peritos. En el primer caso, el aumento de valor fue del 14% (88 millones más). En el segundo, alcanzó el 25% hasta sumar un total de 3.387 millones de euros.
Estas tasaciones se efectuaron bien de oficio, bien cuando se detectaron indicios de que existían irregularidades en las valoraciones que los propios contribuyentes realizaron a través de la página web de la Atriga, que sumaron 326.408 expedientes, un 11,5% más que los 288.811 de 2020.
El 26% de los casos requirió una nueva tasación por parte del fisco, que mostró, por tanto, conformidad con el 74% de las apreciaciones de los contribuyentes. En el caso de los vehículos, la aceptación fue del 94%, mientras que en las donaciones fue del 65%; en las sucesiones, del 75% y en las transmisiones, del 69%.
Las multas por fraude se disparan un 42%: ocho al día
Cada día del año pasado, el fisco gallego impuso una media de ocho multas por fraude a algún contribuyente gallego. Ese es el balance de 2021 para la Axencia Tributaria de Galicia, cuyos inspectores firmaron 3.015 castigos económicos por incumplimiento de las obligaciones con la hacienda común.
Ese dato supone un 42% más que las 2.133 de 2020, si bien la cuantía que supusieron esas multas se redujo de 12,8 millones a 7,6. Se trata de un 40% menos.
Recaudación
La Xunta recaudó el año pasado 572,1 millones de euros a través de los impuestos sobre los que tiene competencias, como son el de sucesiones y donaciones (133,8), el de patrimonio (70), las tasas de juego (34,1) y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (334,2). Este último creció un 37%, casi tres veces más que la media total tributaria (11,65%) gracias al tirón del mercado inmobiliario.
El impuesto de transmisiones es el que se paga tras una compraventa de una vivienda de segunda mano, mientras que en la obra nueva se abona el IVA, que recauda la administración central para ceder a las comunidades el 50%.