Costó, pero desde el pasado mes de febrero la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) y el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) están ya conectados. La autoridad fiscal de la Xunta puede compartir expedientes por vía electrónica con el organismo encargado de resolver los conflictos tributarios y, a la inversa, recibir el veredicto y actuar en consecuencia lo más rápido posible. “Es de destacar muy positivamente”, alaba la Inspección General del Ministerio de Hacienda en su informe de 2019 sobre la gestión de la administración autonómica con los impuestos cedidos, los más relevantes para la caja de las comunidades. Además del derecho del ciudadano a una respuesta eficaz, la agilización del proceso es fundamental para que la Atriga no se arriesgue a que el plazo se pase y la prescripción le deje sin margen para corregir los posibles errores cometidos en el cobro de sus gravámenes. Como está pasando.
La caducidad es “en un importante porcentaje, objeto de estimación en las resoluciones” del TEAR, en parte por la aglomeración de quejas acumuladas desde que en julio de 2011 –aunque con efectos ya para las revisiones de declaraciones del ejercicio anterior– el Gobierno gallego estrenó un sistema de precios medios de mercado para comprobar el valor de los bienes. En pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el baremo disparó la cotización de los inmuebles y los terrenos, con el consiguiente desajuste entre lo que los contribuyentes ponían en el papel y lo que la Atriga consideraba real. Pese a que desde entonces el mecanismo cambió mucho porque los tribunales así lo exigieron, no hay color entre uno y otro importe. Las retasaciones realizadas por el fisco gallego en 2019 arrojaron un incremento del 59% (67,7% el año precedente) en comparación con el valor declarado. Y a más valor, mayor es la recaudación.
La Atriga hizo 318.070 revisiones, un 5,5% más que en 2018, según el balance de la Inspección General del Ministerio de Hacienda incluido en el borrador de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. El valor declarado por los contribuyentes fue de 8.869 millones de euros. Para la administración general los bienes superaban los 14.105 millones. Una diferencia, por tanto, de 5.235 millones.
En los bienes urbanos, el aumento ronda el 54% (2.331 millones de euros), aunque en algunas áreas como Pontevedra sobrepasa el 91%. Más que al valor comprobado, según las explicaciones de la Atriga a Hacienda, la notable variación responde “a los menores precios declarados precisamente en aquellas zonas en las que el mercado inmobiliario es más activo y con precios relativamente más altos”.
Tampoco los porcentajes de subida tras la retasación de la Xunta tienen mucho que ver en los bienes rústicos. El alza general fue del 42,5% (680 millones), con Ourense (60,5%) y Lugo (56,8%) en cabeza. La razón en este caso está “muy ligada a la actividad agraria y el tamaño de las fincas”. “En zonas muy minifundistas con explotaciones no rentables desde el punto de vista agrícola o pecuario no existen diferencias entre el valor comprobado y declarado”, señala el informe, mientras que en lugares “con fincas que pueden ser explotadas de forma rentable” las cantidades comprobadas “suelen estar por encima de las declaradas”.
Pese a que la distancia con el ejercicio anterior (92,2%) es considerable en el incremento entre otros bienes y derechos –las participaciones en empresas, entre ellos–, el desequilibrio entre lo que ponen los contribuyentes y el importe para la administración regional sigue siendo altísimo 74,6% (2.224 millones de euros).
Después de tantos cambios y sentencias en contra en el método, ¿cómo está ahora mismo revisando las declaraciones la Atriga? Con la anulación por parte del Supremo del uso del valor catastral y un coeficiente actualizador que pasó a usar como alternativa a los precios medios de mercado, la Xunta recurre solo al dictamen de peritos. Los técnicos fijan el importe a partir de bienes de las mismas características en la zona (testigos) o comparándolo con transacciones equivalentes. La Atriga dispone de una base de datos de testigos con los valores declarados en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (el ITP, que se abona, entre otras operaciones, en la compraventa de vivienda de segunda mano) y Sucesiones y Donaciones y “con listados adquiridos a empresas especializadas tasadoras”. Encontrar bienes testigos es muy difícil en las propiedades rústicas, “pero las exenciones y bonificaciones en estos impuestos en Galicia reducen la incidencia efectiva de la valoración”.
Menos reclamaciones, pero la gran mayoría estimadas
Como recuerda la Inspección General del Ministerio de Hacienda, el Supremo ha dejado en la práctica “sin contenido” los métodos de valoración distintos a los peritos y exige a la administración a, “previamente, justificar que el valor declarado por el contribuyente no es correcto”. Ese el principal agujero de las comprobaciones de la Atriga. “El porcentaje de estimaciones cuando se alega falta de motivación en la valoración es todavía elevado y es reducido el número de informes de valoración, acompañados de fotografías, cartografía catrastal y del planeamiento urbanístico en los ue consta la certificación de homogeneidad de las muestras”, reprocha a la Xunta, en relación a las indicaciones de los tribunales económicos-administrativos.
El TEAR de Galicia recibió 4.692 reclamaciones en 2019, un 13% menos que en 2018, cuando se marcó el récord: 5.391. Se resolvieron 2.887 y el 79,6% fue estimada total o parcialmente. En ITP más del 80% y un 84% en Sucesiones. A cierre de año quedaban 10.377 quejas pendientes.
