Galicia se quedará al margen del plan del Gobierno central para reformar el modelo de residencias de mayores y que establece, entre sus nuevas reglas, un tope de 120 personas en las ciudades y no más de 75 en zonas rurales o poco pobladas, que dos de cada tres habitaciones que tengan carácter público sean de uso individual o la creación de unidades de convivencia de menos de 15 personas en los geriátricos ya construidos.
El Ejecutivo gallego ha rehusado suscribir el ajustado acuerdo –acabó con solo un voto más a favor del sí entre las comunidades divididas entre el apoyo y el rechazo– cerrado ayer en el Consejo Territorial de Derechos Sociales. La Consellería de Política Social sostiene que Galicia mantendrá su propia hoja de ruta al oponerse durante la consulta a la aplicación de las medidas.
Ya desde el primer momento, el Gobierno gallego se mostró crítico con el planteamiento estatal –de entrada era aún más restrictivo: el límite de plazas se fijaba en 90– al indicar que la propuesta debería ir acompañada de financiación. La Consellería de Política Social, que recuerda que las competencias sobre residencias de mayores son autonómicas, recupera ese argumento para avalar su negativa a la propuesta, pero no es el único. Su titular, Fabiola García, ve el plan “inaceptable”. No solo, señala, por “carecer de un presupuesto directo para asumir sus costes”, sino también porque “dificulta el acceso” de los ciudadanos a los cuidados al conllevar “una discriminación” de los centros situados en el rural y al suponer “la pérdida de plazas y de puestos de trabajo”.
García reprochó la “improvisación” y el “oscurantismo” del Gobierno central en sus planes y denunció que en la reunión de ayer La Moncloa presentase un nuevo documento “ya cerrado”, no consensuado con las comunidades, y que, sostiene, “sigue presentando las mismas carencias” que Galicia ya cuestionaba hace un mes. La reunión a la que alude se saldó sin acuerdo.
Ley de Dependencia
En lo relativo a la cuestión económica, Galicia denuncia que el Gobierno anuncie medidas y que “las comunidades paguen”. Al respecto, recordó que el Ejecutivo central no solo no aporta fondos para ejecutar las propuestas que defiende para las residencias, sino que el Estado “sigue incumpliendo la Ley de Dependencia que le obliga” a pagar la mitad del gasto. Galicia, recrimina García, “sigue asumiendo el 70% del gasto de atención a mayores”, en tanto el Gobierno “sigue sin aportar la parte que la ley marca.
Por todo ello, la comunidad, esgrime la conselleira de Política Social, cuenta con su propio modelo de “cuidados” aprobado por su Ejecutivo y “seguirá avanzando” en su implantación. “Un modelo”, subrayó, “realista y consensuado con el sector que contempla entre sus medidas una mayor coordinación sociosanitaria, la incorporación de ventajas tecnológicas en el funcionamiento diario de los centros y en la mejora de la humanización de las instalaciones”.
El frente del "no"
Galicia no fue la única autonomía en manifestar su desacuerdo con la reforma planteada por La Moncloa. En el lado del no están asimismo el resto de Ejecutivos gobernados por el PP, además de Euskadi y Cataluña y la socialista Castilla-La Mancha. Castilla y León, por ejemplo, coincide con Galicia en considerar que la financiación no es la “adecuada”, aparte de cuestionar la falta de “consenso” acerca de la nueva propuesta. Madrid también va en la misma línea, al recriminar que “no se garantiza la financiación necesaria” o que “obstaculiza la reducción de las listas de espera de la dependencia”.
Entre las medidas que incluye el acuerdo destacan el incremento de las ratios –con un profesional por cada dos residentes–, la eliminación de sujeciones o la obligación de un 80% de contratos indefinidos.
La Xunta concertará por primera vez plazas de discapacidad
Galicia concertará por primera vez plazas de discapacidad. Así lo anunció durante su comparecencia en el Parlamento gallego la conselleira de Política Social, quien explicó que “en las próximas semanas” se avanzará para dar respuesta a lo que define como “una de las demandas históricas” del colectivo.
Fabiola García indicó que mediante esa convocatoria en régimen de concierto se facilitará que las personas con discapacidad no tengan que trasladarse “miles de kilómetros” para acceder a una vacante pública. García concretó que se creará una bolsa de entidades que estarán en condiciones de ofrecer plazas donde sean precisas “a partir de unos criterios predeterminados”, por lo que los usuarios podrán contar con los servicios “de la forma más próxima posible a su domicilio” y “en un centro de su elección”.
La conselleira reivindicó otros pasos dados por su departamento y recordó el compromiso, ya manifestado, alega, en la presentación de los presupuestos de la comunidad, de poner en marcha en este ejercicio un total de 280 nuevas plazas de atención diurna, ocupacional y residencial para personas con discapacidad.
