Las plazas en residencias de mayores en Galicia son insuficientes para atender a una población cada vez más envejecida. Esto se traduce en largas demoras para acceder a un centro de mayores. Es el caso de un total de 1.483 dependientes que están en lista de espera pendientes de que quede una plaza libre para ocuparla. No son los únicos que deben aguardar para ser atendidos. En total, en la comunidad autónoma hay 10.452 mayores que ya han sido valorados y se les ha asignado un servicio pero todavía no lo reciben. La mayoría, un total de 7.154, están esperando a recibir ayuda a domicilio, y también hay otros 1.552 que aguardan por la teleasistencia, así como 263 que están a la cola para ocupar una plaza en un centro de día.
Se trata de dependientes que ya han sido valorados por los profesionales de la Consellería de Política Social y a los que se les ha aprobado una ayuda acorde con su grado de dependencia y su situación familiar y personal.
En todo caso, mientras no acceden al recurso que se les ha asignado, la Xunta les ofrece cobrar una prestación económica bien para pagar un cuidador o cualquier otro servicio. Ésta fue una de las medidas impulsadas por la Xunta precisamente dentro del plan de choque para atajar las listas de espera.
Con esta paga económica se trata de compensar la demora que existe para conseguir plaza en una residencia, un centro de día o por la ayuda en el hogar. La Consellería de Política Social desglosó los datos de la lista de espera en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PSdeG en la Cámara gallega.
El 70 por ciento de los dependientes que están a la cola aguardan por el servicio de ayuda a domicilio. El departamento que dirige Fabiola Martínez precisa que esta prestación la gestionan los concellos y que la Xunta se limita a aportar la financiación necesaria.
Sin embargo, también hay 1.483 mayores a los que se les autorizó una plaza en una residencia, pero que todavía no se pueden beneficiar debido al déficit de camas en los centros de mayores. De ellos, 548 son de la provincia de A Coruña, 435 de Pontevedra, 296 de Ourense y 206 de Lugo.
El Consello de Contas había llegado a denunciar en 2018 esperas de hasta dos años para conseguir entrar en una residencia. El problema es que Galicia está por debajo del porcentaje de plazas para mayores recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es la tercera comunidad autónoma, de hecho, con más déficit. Así necesitaría 14.300 camas para cumplir el objetivo.
La Consellería de Política Social recurre a los conciertos para ampliar la oferta. En 2021 modificó varios contratos existentes con algunos de los geriátricos con los que tiene convenios para ampliar las plazas concertadas: así sumó 330 nuevos puestos tanto en residencias como en centros de día.
Pero además tuvo que modificar los contratos de otras 299 plazas para aumentar las tarifas que paga por mayor para “adecuarlas así a las nuevas circunstancias derivadas del incremento de los precios de mercado”.
La Consellería de Política Social esgrime que el Gobierno no aporta las cuantías comprometidas en la Ley de Dependencia. Según denuncia, Galicia deja de ingresar 150 millones de euros anuales con los que podría llegar a más dependientes.
Aún así, el director xeral de Maiores y Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, explicó ayer en comisión parlamentaria que Galicia batió su marca “histórica” con 66.000 dependientes atendidos.
Sin embargo, desde el PSdeG la diputada Mariña Ortega recriminó a la Xunta que “esconde” a algo más de 9.000 solicitantes que no aparecen en las estadísticas de listas de espera. Además destacó que esto ocurre en un contexto en el que la demora media para acceder a un servicio dobla lo permitido por la Ley de Dependencia, que fija un máximo de seis meses.
Las esperas no son solo para acceder a un servicio una vez se tiene aprobado sino que también hay atasco a la hora de hacer las valoraciones, paso imprescindible para determinar si el dependiente tiene derecho a ayuda.
El director xeral de Maiores explicó, sin embargo, que se han incrementado en 36 los profesionales que forman parte de los equipos de valoración. Este refuerzo supuso un incremento de 1,3 millones de euros anuales, además de aumentarse el material y el transporte para hacer valoraciones en los domicilios.
Según explicó, gracias a esto se incrementaron en un 31 por ciento las resoluciones de grado –por las cuales se determina el nivel de dependencia de cada solicitante– en la primera parte de 2022 respecto a 2021 y en un 54 por ciento respecto a 2020. También se elevaron respecto al pasado año un 32 por ciento los Planes Individualizados de Atención (PIA) por los cuales se determina cuál es el servicio más adecuado para cada persona.
No solo hay listas de espera en la dependencia. El BNG denunció que 12.500 personas con discapacidad esperan a ser valoradas una media de 138 días. El director xeral de Maiores explicó que en 2018 se puso en marcha un plan de acción para reducir la demora consistente en reforzar personal, simplificar la tramitación y aumentar el presupuesto.
