No todo fueron sombras en la pandemia: la irrupción del coronavirus, y las consiguientes restricciones, provocaron que Galicia cerrase el año con la cifra más baja de víctimas mortales en siniestros de tráfico: un total de 104. Pero el panorama se oscurece si se considera que ese mismo año, 2020, casi el triple de personas se suicidaron: 307. En su balance, el Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) señala que, si bien la cifra es inferior a la de 2019 y la segunda más baja de la década, la comunidad sigue superando la barrera de los 300 casos. Aunque el dictamen de los forenses es que, “de forma general, se puede afirmar que el suicidio no es cosa de jóvenes”, una víctima no había cumplido 15 años. En todo el Estado, según el INE, los menores de 15 años que se quitaron la vida fueron 14, el doble que un año antes, en 2019. En ese contexto, no es de extrañar que varias comunidades hayan impulsado protocolos para detectar el riesgo entre escolares.
En Galicia un protocolo de esas características es ya una realidad desde el curso 2017/18, aunque la Consellería de Educación le está dando un repaso, y la de Sanidade también ha estado trabajando en una guía específica para el manejo de autolesiones en la infancia y en la adolescencia, una conducta cuya prevalencia “está aumentando”, explican fuentes de la Administración gallega. Mediante ese documento, señalan, se busca dotar de herramientas a profesionales y a familias para manejar esta conducta.
Educación no ofrece datos concretos, pero en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, le han puesto cifras: en Castellón se duplicó la detección de estas conductas antes y después del COVID. Una investigación previa, realizada entre casi 800 adolescentes de Madrid, concluía que el problema era “preocupante”.
Protocolo de suicidio
En lo relativo al suicidio, Galicia fue una de las “primeras comunidades”, destacan desde la Xunta, en contar con un plan de prevención y, al amparo del mismo se puso en marcha el “Protocolo de Prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo”. No obstante, en estos momentos, ese documento se encuentra “en fase de revisión” para seguir “mejorando la coordinación entre los sistemas educativo y sanitario”.
El documento insta a la comunidad educativa a “observar con seriedad cualquier cambio repentino que afecte al rendimiento escolar, a la asistencia al centro escolar o a su comportamiento tanto con el profesorado como con el alumnado”, entre otras pistas. También incluye un diagrama de intervención ante el riesgo autolítico, aunque ahora la guía en la que trabaja Sanidade profundizaría en cómo abordar esas conductas.
La salud mental tras el COVID
Con la pandemia, Sanidade repensó la planificación de salud mental y también situó en el punto de mira a los centros educativos, al entender, como advirtió el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que menores y adolescentes son una población “muy susceptible” de verse afectados por el impacto del COVID, y además “las consecuencias pueden no ser evidentes u observables hasta la edad adulta”. Muchos docentes fueron testigos el pasado curso de rostros más alicaídos de lo habitual entre los alumnos por la mascarilla, la falta de interacción... En ese contexto, Educación presentó un plan de intervención emocional, una propuesta a disposición de los centros, para favorecer la resiliencia.
