El Gobierno gallego exige que se descentralice la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) y que pueda ser tramitado desde la Xunta, con una fórmula similar a la de las pensiones no contributivas. Acaba de trasladar el mensaje a través de un escrito que la propia conselleira de Política Social, Fabiola García, ha dirigido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “La Xunta mantiene su ofrecimiento para gestionar el ingreso mínimo vital, del mismo modo que harán las comunidades autónomas vasca y navarra”, asevera.
Al tiempo que la conselleira observa los movimientos efectuados por el País Vasco y el Parlamento Foral de Navarra, le recuerda que el Parlamento gallego aprobó una proposición no de ley en diciembre de 2020 y una propuesta, más recientemente, en el marco del debate anual de política general el mes pasado.
Con los últimos datos disponibles, un 65% de las solicitudes de IMV en Galicia han sido denegadas y hasta septiembre se habrían concedido 16.478. En sus catorce primeros meses de vida, el IMV habría permitido lograr unos ingresos de entre 469 y 1.033 euros mensuales a 16.478 hogares gallegos, compuestos por 36.145 personas. Sin embargo, la demanda supera con creces esa cifra, pues dos de cada tres solicitudes es rechazada.
El gobierno gallego basa su petición en que “así, podrán tomarse medidas para que el IMV llegue con más agilidad a las personas que lo necesiten y para garantizar que el mapa de prestaciones de inclusión sea más coherente y cubra todo tipo de casuísticas de emergencia social”.
Al mismo tiempo, la Xunta acredita tres décadas de gestión de la renta de inclusión social (Risga), como aval “de que tenemos la capacidad de hacer llegar las prestaciones de primera necesidad a sus destinatarios con la agilidad, seguirdad y eficaciz imprescindibles”. Las personas incluidas en esta prestación entre enero y diciembre de 2020 –alguna pudo estarlo en más de una ocasión– ascendieron a 14.428.
Recientemete, el gobierno gallego publicó en el Portal de Transparencia la consulta pública previa para la nueva Ley de inclusión social de Galicia.
Es el primer trámite de cara a la elaboración de esta norma, con la que busca ejercer su competencia exclusiva en materia de servicios sociales y en concreto en el ámbito de la lucha contra la pobreza.
El objetivo es reformar la Ley 10/2013 y reordenar el mapa de ayudas de inclusión social que ofrece Galicia para ayudar a las personas más necesitadas. Esta revisión busca adaptarse al nuevo contexto surgido por la puesta en marcha del IMV; una prestación que fue revisada en varias ocasiones desde su aprobación por Real Decreto en junio de 2020.
Con la nueva Ley de inclusión social, la Xunta procurará evitar duplicidades entre la Risga y el IMV, aportar seguridad jurídica ante la coexistencia de las dos prestaciones y garantizar que las personas que perciben el IMV cuenten con apoyos e incentivos para la inserción sociolaboral.
Asimismo, se busca simplificar y agilizar la tramitación de la Risga y de las ayudas de inclusión social (AIS), que actualmente abona la comunidad gallega.
