El ingreso mínimo vital (IMV) se convirtió en una bandera del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, que defendió su puesta en marcha como un hito, a pesar de ser similar a decenas de ayudas autonómicas como la renta de inclusión social de Galicia (Risga), regulada en 1991 por primera vez. En sus catorce primeros meses de vida, el IMV ha permitido lograr unos ingresos de entre 469 y 1.033 euros mensuales a 16.478 hogares gallegos, compuestos por 36.145 personas. Sin embargo, la demanda supera con creces esa cifra, pues dos de cada tres solicitudes es rechazada.
Desde que pudo pedirse por primera vez este cheque social en junio del año pasado, se presentaron en dependencias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 58.113 expedientes, de los que solo eran válidos 52.342, según los últimos datos disponibles, correspondientes a septiembre. De las 49.111 peticiones tramitadas en Galicia, solo recibieron el visto bueno 16.478. Otras 32.017 fueron denegadas, lo que supone un 65%.
Esta prestación está destinada a hogares con escasos recursos, que cobran entre 5.500 y 12.00 euros anuales, según su número de miembros y edades.
Los beneficiarios totales acumulados por esta medida se quedan lejos de los objetivos marcados inicialmente por el Ejecutivo. En junio del año pasado, estimaba que obtendrían este cheque social 39.500 hogares de la comunidad. La cifra se ha quedado de momento en 16.478.
A nivel estatal, tampoco se están cumpliendo las expectativas. De los 1.244.029 expedientes tramitados, solo han pasado el filtro 336.933, lo que supone un porcentaje de rechazo del 73%, superior a la tasa de Galicia. Los beneficiarios, por tanto, suman 799.203 ciudadanos, también lejos de las previsiones, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijó en 850.000 hogares compuestos por 2,3 millones de personas.
Las asociaciones de lucha contra la pobreza alertaron desde el principio de las trabas burocráticas y la falta de personal para atender la demanda de esta ayuda, puesta en marcha tras el confinamiento causado por el COVID-19 y en medio de la crisis económica asociada. De hecho, este año solo se ha ejecutado la mitad del presupuesto previsto para esta medida. El gasto acumulado hasta septiembre es de casi 1.400 millones de euros en toda España. A tres meses de cerrar el balance, la cifra está lejos de los 2.728 millones presupuestos para la medida.
En Galicia, el gasto suma 67 millones este año, cuantía que supera los 90 millones si se añade el ejercicio anterior. En este caso, el acumulado estatal es superior a los 1.800 millones, según un informe realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que alerta de las diferencias de aplicación en cada comunidad y de paraguas para la población en riesgo de pobreza.
“La cobertura del IMV continúa siendo desigual en el territorio nacional. Hay comunidades que únicamente tienen una cobertura menor al 6%, como Cataluña (4,9%), Canarias (5,5%), Extremadura (5,6%), Baleares (5,8%) o Castilla y León (5,95%). Destaca el esfuerzo de Navarra, con un 22,2% de cobertura”, recoge ese informe, que sitúa a Galicia en el furgón de cola, con una cobertura de apenas el 6,1%, si bien la comunidad cuenta con una renta de inclusión propia, que el año pasado percibieron más de 10.000 personas.
Aun así la asociación destaca que los beneficiarios del IMV ya superan a quienes reciben rentas autonómicas.