La plantilla de trabajadores públicos en Galicia todavía paga las consecuencias de cinco años de recortes a comienzos de la pasada década, que inició el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y continuó el popular Mariano Rajoy para embridar el aumento de la deuda y el déficit de la administración. A pesar de las multitudinarias oposiciones de los últimos años, el envejecimiento de este cuerpo laboral sigue agravándose y más de 63.400 rozarán la edad de jubilación –67 años, aunque pueden retirarse con 61 si han cotizado durante treinta años– en la próxima década, prácticamente el doble que hace diez años.
Esta coyuntura genera una oportunidad y un riesgo. La primera es la opción laboral que se abre para miles de ciudadanos que deberán reemplazar a quienes se jubilen para mantener el nivel de los servicios públicos. La segunda es que todas esas plazas no se cubran y, por tanto, se trate de ofrecer una atención a la ciudadanía de similar calidad con menos efectivos.
La pandemia aumentó las contrataciones públicas en la comunidad hasta rozar a mitad de año los 203.000 ciudadanos, incluyendo la administración central, la Xunta –que aporta más de 100.000 entre funcionarios, personal laboral y trabajadores temporales–, las universidades y las entidades municipales. Durante el segundo semestre de este ejercicio, ese dato descendió ligeramente hasta los 197.000, pero la proporción de quienes superan los 55 años sigue igual que el año pasado y por encima del dato de hace una década.
A mediados de 2011, el 19% de los empleados públicos en Galicia se situaban en esa franja de edad, sumando alrededor de 39.300, según los datos de la Encuesta de Población Activa. En 2017 rozaban los 50.000, lo que suponía el 29%. Ahora alcanzan los 63.400 y constituyen casi el 33%.
Además, de los 197.000 ciudadanos que cobran del erario público, 68.500 se encuentran entre 45 y 54 años, 44.500 entre los 35 y los 44, 18.500 entre los 25 y los 34 y apenas 2.200 son más jóvenes.
El origen de esta situación se encuentra en la anterior crisis. La quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers a finales de 2008 ejerció de percutor para tirar las fichas del orden financiero global con un efecto dominó, arrasando cientos de miles de empresas y empleos. La deuda pública y el déficit se dispararon, no había liquidez y España se asomaba a la quiebra.
En 2010 Zapatero aplicó los primeros recortes de salario a los funcionarios y congeló la tasa de reposición, es decir, no se cubrieron las bajas causadas por enfermedad o jubilación, salvo en el caso de puestos esenciales como profesores, sanitarios, bomberos o policías: en ese caso se sustituía el 10%. Cinco años después, Rajoy subió al 50% el porcentaje de reemplazo para esos servicios esenciales, que llegó al 100% el año siguiente y al 50% para el resto. En aquellos tiempos, las plantillas públicas adelgazaron e incluso en 2012 la Xunta ni siquiera convocó oposiciones por primera vez en veinte años.
Las contrataciones que se realizaban entonces para cubrir puestos esenciales eran temporales y no consolidaban puestos, al tiempo que las bajas iban generando plazas desiertas.
Desde entonces, las administraciones buscan tapas esos huecos. Por ejemplo, la Xunta convocó el año pasado las oposiciones más multitudinarias en doce ejercicios, alcanzando los 7.380 puestos, de los que solo 2.507 eran de acceso libre. En la OPE de este año, las plazas alcanzaron las 4.300, mientras que a nivel estatal se anunció una convocatoria de 30.445 puestos de los que solo 9.500 correspondían a promoción interna.
Esas decisiones han generado una avalancha de opositores en las academias a la búsqueda de un futuro laboral estable, especialmente entre jóvenes y víctimas de las sucesivas crisis económicas.
El pasado domingo ilustró la demanda de una nómina a cargo del erario público. Solo en Galicia se presentaron casi 9.000 aspirantes para optar a los 3.381 puestos fijos que Correos ha convocado para toda España.
Un elemento destacada también en cuanto a los empleados públicos: el tradicional mayor peso femenino. De los 197.000 que cobran en Galicia, casi 117.000 son mujeres por 80.100 hombres.
