Hace más de una semana el Gobierno avanzaba 700 millones de euros de fondos europeos para cambiar el modelo de cuidados a medio plazo en España, en aras de apostar por la atención domiciliaria para dejar como último recurso la atención institucionalizada. También la Consellería de Política Social planea que el destino de parte de los fondos Next Generation sea ampliar los beneficiarios de la teleasistencia. No obstante, desde la principal patronal de residencias, CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a las Personas), reivindican su rol y su presidenta, Cinta Pascual, cuestiona que Galicia se halle en los puestos de cola en las cuantías que abona el Ejecutivo autonómico por plaza concertada y a la vez incida en “fiscalizar” a las residencias.
–-Las residencias han estado en el punto de mira en la pandemia y ahora la Xunta prepara un plan para reforzar el control a los centros de mayores sobre los gastos que facturan. ¿Qué opina?
–Me sorprende la actitud de la Xunta, porque Galicia está en la franja de las cinco comunidades con tarifas más bajas. Portugal, que está al lado, paga unos salarios 300 euros inferiores y 1.700 euros de tarifa. Creo que debería reorganizarse el sistema porque ahora incluso está bajando precios porque el IPC ha sido negativo.
–En Galicia el sector se quejó ya antes de los precios. ¿Cuánto abona la administración gallega por plaza en residencias concertadas?
–Depende de los contratos, pero el predominante en este momento es de 50,20 más IVA, aunque este año hay una bajada por el IPC y esto hace que el sector se suba por las paredes. Por ejemplo, en Madrid es de 73 euros + IVA; en Cataluña, de 65 + IVA, en Andalucía, 63,5 + IVA, en Navarra puede llegar a casi 80. Hay comunidades que están casi en la mitad de lo que se está pagando. Creo que esto los gallegos y las gallegas no se lo merecen, no puede ser, porque al final lo importante de estos servicios es que sean de mucha calidad.
–¿Qué tarifa debería ofertar la Xunta para las plazas concertadas?
–Como mínimo 1.950 euros al mes es lo que tiene que ser ahora en toda España. Creo que hay que cambiar de chip y apostar por una calidad de los servicios y por una ratio superior y por mejores condiciones salariales de nuestros trabajadores y por tanto esto implica hacer un cambio y un cambio de estrategia. Pero ya no hablo solo del hecho del precio por plaza, sino de cómo reorganizamos este sistema y creo que hay que cambiar muchas cosas. Desde Galicia se habla mucho del módulo financiación de ayuda al hogar, pero no para residencias.
–¿Cree que las residencias quedan relegadas?
–Creo que lo importante es lo que quiera la gente y, si la gente quiere vivir en su casa, el sistema de atención a la dependencia debe proporcionar unas plataformas de servicio en coherencia, pero los centros de día y las residencias son muy necesarios. Hubo un baby boom y hay muchísima gente con alta vulnerabilidad y esto solo se puede solucionar en residencias. Por tanto, escuchar a la gente es práctico, pero crear la estructura es fundamental.
–Pero la voluntad, lo primero...
–Creo que la voluntad es de la gente y a partir de ahí creo que el sistema se tiene que adaptar a la gente y no al revés. Pero hoy para tramitar una ayuda de la dependencia hay 431 días de gestión de media, una barbaridad, la gente se muere antes. Eso es lo que el Gobierno de Galicia debería estar solucionando. Habla muchísimo del módulo económico al hogar, pero sinceramente creo que las familias deben hacer de familias y ser complementarias, pero no al cien por cien, porque, si no, lo que hacemos es que quede en casa casi siempre la mujer y no profesionalizamos los servicios. Por ejemplo, con los fondos europeos hay que apostar por esta creación de plazas más en línea de lo que necesita el país, pero, insisto, lo que tiene realmente mal Galicia es el precio y me sorprende que sigamos así.
–Mientras, la Xunta sí se prepara para fiscalizar los gastos que las residencias le facturan.
–A nosotros nunca nos ha dado miedo cualquier fiscalización o auditoría; creemos que una parte importante de la labor de una Administración es el control. A lo que vamos a decir tremendamente “no” es a trabajar por debajo de los precios. Yo creo que en este momento la Xunta no tiene derecho a fiscalizar a nadie cuando está en uno de los precios más bajos de las diecisiete comunidades. Tú tienes que exigir cuando estás pagando lo que vale el servicio, no por debajo de ese precio. Yo no tengo problema en pasarle a la Xunta los precios y, sobre todo, los costes mínimos para dar un buen servicio, pero creo que se tiene que decir “basta ya de estos precios, basta ya de este funcionamiento”. Y, aun así, parece ser que lo que está haciendo la Xunta es “voy a bajar precios porque el IPC ha bajado y voy a fiscalizar más a las entidades”. A mí me parece un posicionamiento erróneo. La ciudadanía tiene que saber que por debajo de un precio no se puede trabajar. ¿Alguien entiende que la diferencia de una comunidad a otra llegue a 500 euros al mes? Con lo que ha caído con el COVID, que el principal problema en la Xunta sea auditarlas y mirar el gasto, me parece muy poca mira en la situación del sector. No veo bien que la bandera de una Administración sea el que va a fiscalizar más algo que no paga lo que tendría que pagar. Mi posicionamiento, que nosotros no deberíamos concertar ni una plaza con la administración pública de esta manera, pero las plazas están ocupadas por personas y no podemos ponerlas en la calle.
–Esa gente a la que dice que hay que escuchar, ¿qué quiere?
–La gente quiere plaza pública, pero la plaza pública es la concertada con nosotros, porque que una plaza gestionada por la Xunta o gestionada por nosotros, supone para el usuario el mismo copago. Si la gente pide más plazas públicas, ¿por qué no las concierta la Administración? Si el sector en estos momentos tiene un 25% de desocupación como consecuencia del COVID y de que la media del trámite sea 431 días...
–¿Está la privada asumiendo una labor de la Administración?
–Lo que hay más son plazas privadas concertadas, un 70%. Hay una ley de Dependencia y las personas mayores tienen derecho y para que tengan los derechos han de existir las plazas. La Administración nos necesita y nosotros a ella.
–El miedo ha perjudicado a las residencias, ¿no?
–Primero, transmitir que ahora las residencias son seguras. De hecho, los hogares más seguros de España, porque estamos inmunizados en un 90%. Pero el daño reputacional que hizo al sector el COVID es muy grande.
