Durante décadas imperó el todo vale en la construcción. Antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las grúas y las hormigoneras se asentaron en la costa gallega y en zonas del rural donde no se podía obrar. La disciplina municipal del “ti vai facendo” contribuyó a este urbanismo desaforado de edificaciones ilegales que dejó una Galicia salpicada de galpones convertidos en casas de fin de semana, chalés y viviendas unifamiliares levantadas en áreas no urbanizables, así como naves industriales, tanatorios e incluso complejos hoteleros que se saltaron la Lei do Solo.
Para tratar de poner coto al incumplimiento de la normativa y reponer la legalidad, la Xunta creó en 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de Medio Ambiente. Desde entonces, sus inspectores peinan Galicia para frenar las construcciones ilegales y lograr un territorio ordenado. La vía para conseguirlo es la sanción y el consecuente derribo del galpón, vivienda o negocio levantado en costa o suelo rústico o sin la correspondiente licencia.
En los últimos diez años, la política del “ti vai facendo” ha dejado a los propietarios de construcciones ilegales en Galicia una factura en multas coercitivas que roza los 38 millones de euros, según el balance de la APLU. Los más de 3.500 expedientes de reposición iniciados en 2011-2020 suponen 1.323 obras ilegales derribadas o retiradas del terreno donde no se permitían (caravanas y casas prefabricadas en costa o suelo rústico).
¿Qué ocurre cuando a un propietario se le abre un expediente de reposición de la legalidad urbanística? La Xunta inicia un trámite para determinar si la obra cumple las normativas. Si concluye que se ha cometido una infracción urbanística y no se han solicitado los permisos pertinentes para la obra, se le comunica al interesado para que repongan la realidad alterada, desde cambios en la construcción hasta la demolición. De hacer caso omiso, se le interpondrá la primera multa coercitiva y de no desistir sumará nuevas sanciones. Al iniciarse el proceso de derribo de una obra ilegal, el dueño se enfrenta al pago de 1.000 euros. En el quinto aviso, a 10.000. Con estas multas se busca la ejecución forzosa de la orden de demolición ordenada. Aunque se abonen las cuantías reclamadas, el galpón, vivienda o nave ilegal deberá ser reducido a escombros. De proceder voluntariamente a la reposición de la legalidad urbanística alterada, el responsable de la infracción se podrá beneficiar de una reducción de la sanción del 90%.
En la última década, la APLU interpuso más de 5.000 multas coercitivas a construcciones con orden de derribo por un importe de casi 38 millones. El mayor número de sanciones se alcanzó en 2017, con 637, pero la factura más elevada se produjo en 2001, con casi 6,8 millones en multas a propietarios con construcciones bajo la amenaza de la pala. El año de la pandemia, 2020, fue el ejercicio con la cifra más baja de multas coercitivas (263) y el importe reclamado (más de 635.000 euros).
Los vecinos, cada vez más implicados, denuncian las irregularidades en sus concellos
No solo los controles a pie de campo de los inspectores de urbanismo destapan las obras que se levantan en Galicia sin tener licencia o en suelo no permitido. Las denuncias de vecinos y de los propios concellos ponen cada vez más sobre alerta a la Xunta sobre las irregularidades cometidas en los 313 ayuntamientos gallegos. En los últimos años, a excepción de 2020 –marcado por la pandemia del coronavirus–, los expedientes abiertos a raíz de quejas de particulares pasaron de representar poco más de un 10% a alcanzar el 25%. En el caso de los concellos representan en torno a dos de cada diez denuncias interpuestas por irregularidades urbanísticas. En el año del COVID la práctica totalidad de los expedientes de reposición iniciados proceden de las inspecciones de la propia agencia autonómica (80%). Cuando se puso en marcha la actividad de la APLU apenas particulares y administraciones locales denunciaban las irregularidades urbanísticas cometidas en su territorio. Los vecinos por no querer entrometerse y abrir conflictos y los gobiernos locales por ejercer una política de proximidad con la que rehusaban generar malestar entre sus votantes. Pero, con el paso de los años, se ha ido tomando conciencia de la lucha contra el feísmo y en defensa de la ordenación del territorio. Esto se ha traducido en una creciente implicación de los particulares.
