El confinamiento impuesto por el estallido del COVID y las restricciones de movilidad han despertado un interés cada vez mayor por las viviendas con finca en las afueras y por pisos más amplios con terraza. Son muchos los que ya han contratado la reforma de la casa del abuelo en la aldea para escapar los fines de semana o, si está cerca de la ciudad, incluso teletrabajar desde allí. Y los que tienen una finca en el rural lo ven como el sitio ideal para convertir un galpón en vivienda a la que escaparse los viernes nada más acabar la jornada laboral. Pero con la ley se topan estas construcciones que no están permitidas en suelo rústico ni en muchas zonas de costa.
¿La pandemia provocará un boom estas viviendas tipo fines de semana? El director de la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), el abogado coruñés Jacobo Hortas, considera que todavía es pronto para conocer el impacto del COVID sobre este tipo de construcciones. “Es la pregunta del millón, pero es muy prematuro”, reconoce. “Solo ha pasado un trimestre [de 2021] y una inspección dura de seis meses a un año, con lo que a finales de año conoceremos el alcance”, detalla Hortas.
Este año, el equipo de la APLU, organismo creado en 2008 y dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, tratará de recuperar la normalidad en su día a día. Por lo que los inspectores urbanísticos de la Xunta vigilarán si la crisis del coronavirus ha disparado los galpones convertidos en los conocidos como fines de semana, así como continuarán con el rastreo de viviendas levantadas en suelo rústico o zonas del litoral, construcciones para uso industrial, la ubicación de caravanas en zonas no permitidas o las obras menores al margen de la normativa.
Reducción de la actividad de derribo
Durante el confinamiento, el COVID paró las excavadoras y las palas que cada año reducen a escombro los galpones convertidos viviendas o las casas, chalés, naves industriales o establecimientos hoteleros levantados en suelo rústico o zona de costa no edificable. Pese a la pandemia, los inspectores de la APLU continuaron peinando Galicia para garantizar la protección del territorio con el derribo de obras ilegales y la retirada de construcciones móviles o casas prefabricadas en áreas no permitidas. El paréntesis en la actividad impuesto por las restricciones en el estado de alarma redujo en un 30% los expedientes de reposición de la legalidad abiertos por la agencia urbanística. Frente a las 241 obras al margen de la ley detectadas en 2019, en el año del coronavirus fueron 170. Como consecuencia de la crisis sanitaria, las excavadoras también vieron limitada su capacidad de intervención: donde hace un año había 62 construcciones levantadas sin licencia o en zonas prohibidas, hoy queda su solar. Son la mitad de obras derribadas que el año anterior (137). “Estamos haciendo un esfuerzo por trata de regularizar el desajuste que ha provocado el COVID, ojalá fuera este año, pero todavía no estamos en una situación de normalidad plena, el año que viene lo veremos”, indica Hortas.
Aunque en los últimos años la ciudadanía haya tomado conciencia sobre la ordenación y protección del territorio, la sanción ha contribuido, Hortas reconoce que queda APLU para rato ya que fueron décadas de permisividad y de la disciplina del “ti vai facendo” que ha dejado la comunidad salpicada de construcciones ilegales. Fruto de esa conciencia son las ejecuciones que el propietario realiza de modo voluntario, que rozan el 90% cuando en los inicios de la agencia casi todas las realizaban los técnicos de la Xunta y después pasasen factura a los titulares del inmueble.
El 80% de expedientes de derribo abiertos en 2020 en Galicia lo fueron a partir de la labor inspectora de la APLU. El resto fueron por denuncias de concellos, vecinos o la intervención del Estado, a través de Costas.
