La pandemia del coronavirus ha mudado la versión urbanita-rural de las personas. Ahora son una multitud los que prefieren alejarse del ruido y de las cuatro paredes para alojarse en viviendas a las afueras o en la zona de costa. Los diversos confinamientos han provocado un cambio de mentalidad que también ha agudizado el ingenio: ¿Y si convierto el galpón de mi aldea en un ‘fin de semana’ -casa para desconectar- en Galicia? La respuesta se mide en dinero: multas que van desde los 1.000 hasta los 10.000 euros.
Durante la última década ha habido un repunte de las obras bajo amenaza de derribo dada su irregularidad, a excepción del 2019 y del 2020. En este combo no solo entran galpones, sino también residencias sin licencia o levantadas en suelos no urbanizables, chalés en primera línea de mar, caravanas en suelo rústico o en la costa, etc. En definitiva, todos aquellos habitáculos que no respetan la Lei do Solo o la ordenación de cada concello.
Así, en el 2009, fueron demolidas 37 construcciones; un año más tarde, una más, 38; en 2011 y 2012, 72… y así en curva ascendente hasta el 2018, cuando se tumbaron 210. Doce meses después, en el 2019, la tónica viró hacia abajo: 137. ¿El motivo? Mayor presión judicial, las imponentes multas de hasta 10.000 euros y un paso adelante contra el feísmo urbanístico. En 2020, la cifra descendió hasta los 62 derribos en una época de varias semanas de inactividad derivadas del estado de alarma. Del mismo modo, la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), organismo encargado de dicha supervisión, detectó la mitad de obras ilegales -170- con respecto al 2019 -241-.
Por ahora, se desconocen los datos de los meses que acarreamos del 2021, año en el punto de mira de la Xunta tras la recuperación de la función plena en varios sectores. “Es la pregunta del millón, pero es muy prematuro”, expresó el director de la agencia dependiente del Gobierno autonómico, el abogado Jacobo Hortas, para el diario La Opinión de A Coruña, de Prensa Ibérica.
“Es la pregunta del millón, pero es muy prematuro”
Multas de hasta 10.000 euros
¿Qué ocurre si tengo, por ejemplo, un galpón al margen de la ley? Lo primero que va a requerir el organismo autonómico va a ser la orden de demolición y de reposición de los bienes al estado anterior a la legalidad de forma voluntaria, que deberá realizarla la propia persona a quien se le notifica, según se recoge en el DOG del lunes 27 de julio del 2020.
De esta manera el individuo obligado tendrá capacidad para solicitar una prórroga bajo justificación, pero nunca podrá excederse de los seis meses contando a partir de la resolución de la ampliación del plazo y de un año desde la fecha en que la resolución implora la demolición o cambio.
Tras esos doce meses, si nada ha cambiado, se aplicará una ejecución forzosa por medio de multas coercitivas que van desde los 1.000 a los 10.000 euros en evolución de forma trimestral. Para materia de urbanismo, la cuantía será desde el millar multiplicado por dos cada tres meses:
- 1ª multa coercitiva: 1.000 €
- 2ª multa coercitiva: 2.000 €
- 3ª multa coercitiva: 4.000 €
- 4ª multa coercitiva: 8.000 €
- 5ª y siguientes: 10.000 €
Para el caso de costas, la sanción económica será “como máximo el 20 % de la sanción fijada para la infracción cometida”, expresa el documento oficial.
Si este proceso no resulta, la Xunta podrá acordar la ejecución subsidiaria con cargo al sujeto obligado, es decir, será la administración quien dé el paso de destruir lo edificado, pero será el denunciado quien deba costear dichas obras.
En el año 2020, se impusieron un total de 180 multas (66 en A Coruña, 50 en Lugo, 37 en Pontevedra y 27 en Ourense), la menor cifra de la última década. El pico se alcanzó en 2017, con 637.
