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Galicia se convertirá este año en la autonomía con más kilómetros de autopistas de peaje

Autopista del Atlántico con el puente de Rande al fondo.

La política de liberación de peajes en las autopistas no solo no tendrá impacto en Galicia, sino que además la convertirá en la comunidad de España con el mayor recorrido de vías de alta capacidad de pago. Cuando el próximo día 1 de septiembre se supriman los peajes en 545 kilómetros de autopistas en Cataluña y Aragón, Galicia se aupará a la primera posición por autonomías con más kilómetros sujetos a tarifas. Serán en total 334, desbancando a Cataluña como el territorio que hasta ahora estaba en lo más alto y que pasará a ocupar, dentro de unos meses, el octavo puesto.

Ese mes, se podrá circular gratis en 545 kilómetros en Cataluña y Aragón

La razón es que el próximo 31 de agosto finalizan las concesiones de titularidad del Estado en la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera –la frontera con Francia en Cataluña– y en la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell. Son en total 478,3 kilómetros por los que se podrá circular libremente, de los que 376 discurren por Cataluña y 102, por Aragón. Además, también expirarán los contratos en dos autopistas catalanas de titularidad autonómica de 66,5 kilómetros en total entre Barcelona y Lloret de Mar y entre Barcelona y Montmeló.

Esta situación conlleva una doble penalización para Galicia y, por extensión, para todo el Noroeste peninsular. Porque la AP-9, que recorre la comunidad de norte a sur con sus 220 kilómetros, tiene uno de los peajes más altos de España, como certificó hace dos semanas el Ministerio de Transportes en respuesta a Audasa, la empresa concesionaria, que sostenía que los precios están por debajo de la media nacional. Y la segunda discriminación es que mientras la comunidad gallega se convertirá en el territorio con más kilómetros de autopistas con peaje –y con tarifas elevadas–, la práctica totalidad del corredor mediterráneo estará libre de pago ya en septiembre, además de un buen trecho del eje Madrid-Barcelona.

El eje mediterráneo, junto con Madrid, es el principal beneficiario de la política de liberación de peajes, porque el 1 de enero del pasado año también se levantaron las barreras en 374 kilómetros de autopista entre Alicante y Tarragona. Además, ese mismo día también se eliminaron las tarifas en 94 kilómetros entre Sevilla y Cádiz.

En una comparación directa con Cataluña, Galicia resulta muy penalizada. Porque de los 1.464 kilómetros de autopistas con peaje, contando las de titularidad estatal y las autonómicas, solo serán de pago 145,8 kilómetros, que representan el 9,9% de su red viaria de alta capacidad. En el caso de la comunidad gallega, los 334 kilómetros sujetos a peaje de una longitud total de autovías y autopistas de casi 1.100 kilómetros suponen el 28%.

Ninguna otra comunidad tendrá a partir de septiembre tanto recorrido de pago como la gallega

En el conjunto de la red nacional de pago, el peso de la comunidad gallega se eleva al 17%, mientras que Cataluña apenas rebasará el 7% a partir de septiembre.

Los 334 kilómetros con peaje en Galicia se reparten entre los 220 de la AP-9, los 56,1 de la AP-53 entre Santiago y Dozón, los 33,1 kilómetros de la AG-55 entre A Coruña y Carballo y los 25 de la AG-57 entre Vigo y Baiona.

Desde 2018 –y contando los que se aplicarán este año– se liberaron de peaje en España algo más de 1.000 kilómetros, de los que ninguno afecta a Galicia, única comunidad en la que además las vías de titularidad del Estado tienen los periodos de concesión más largos de España: 75 años. Mientras, en otras partes del país –como Cataluña, Aragón o Andalucía– se ha optado por no renovar los contratos al agotarse el plazo de la concesión, en Galicia se prorrogaron a cambio de inversiones u obras de ampliación de las autopistas.

Tras Galicia como la comunidad con más autopistas de peaje se situará el País Vasco, con 248 kilómetros, y Catilla-La Mancha, con 214. En cuarta posición figura Castilla y León, con 201 kilómetros, y tras ellas aparecen Madrid (158,5), Andalucía (157), Navarra (151) y Cataluña (146).

De todas formas, hay comunidades con más kilómetros de peaje sobre el total de sus respectivos territorios que el caso gallego, donde suponen el 28%. A la cabeza se sitúa La Rioja, con el 65%. Es decir, los riojanos tienen que pagar por usar dos de cada tres kilómetros de vías de alta capacidad que tienen en su tierra. En el País Vasco la relación es del 40% y en Navarra, del 37%.

Condenados a pagar la AP-9 hasta el año 2048

Máximo plazo de concesión. La explotación de la AP-9 estará en manos privadas el máximo plazo legal. Serán 75 años, por lo que los gallegos tendrán que seguir pagando el peaje hasta 2048. La Autopista Central de Galicia, que une Santiago y Dozón, también fue adjudicada por 75 años. Y las dos de la Xunta, Vigo-Baiona y A Coruña-Carballo, acaban el contrato en 2045. En otras comunidades, el Estado optó por no renovar las concesiones cuando expiró el plazo, pero en Galicia se prorrogaron a cambio de obras de ampliaciones.

Tramo Vigo-Redondela. La salida de Vigo por la AP-9 hasta Redondela está sujeta a peaje a pesar de funcionar como circunvalación de la ciudad. En otros tramos similares, como en Pontevedra o Santiago, la circulación es gratuita. Vigo siempre reclamó que por la misma razón, hasta Redondela tendría que ser gratis, pero sin éxito. El Gobierno prometió que en el primer semestre de este año se levantaría el peaje en este tramo, aunque no concretó la fórmula. También está comprometida una rebaja para los usuarios recurrentes, pendiente de detallar.

Ampliación de Rande. La ampliación del puente de Rande la pagarán los usuarios mediante una subida anual acumulativa del 1% en todos los tramos de la autopista durante veinte años. Mientras, la ampliación del puente del Centenario de Sevilla la financiará el Gobierno con cargo a los presupuestos del Estado. Serán 106 millones de euros, al menos según el proyecto inicial.

Deficiencias en la seguridad. Diversos informes oficiales han detectado decenas de deficiencias en la seguridad de la AP-9, que se han puesto en conocimiento de la empresa concesionaria y del Ministerio de Fomento –ahora de Transportes–. El Gobierno encargó, hace menos de dos semanas, una inspección para evaluar los fallos.

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