Casi medio millar de kilómetros de autopista han dejado de tener peajes desde el 1 de enero en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Otros tantos pasarán a ser gratuitos, el 31 de agosto de 2021, en Cataluña y Aragón. A ellos se unen las nueve vías que el Estado se ha visto obligado a rescatar por la quiebra de las concesionarias: más de 500 kilómetros que siguen siendo de pago, pero gozan de beneficios excepcionales. Los precios de la AP-9, sin embargo, han vuelto a dispararse. Y lo harán tras acumular incrementos del 63% en los últimos dieciséis años, más del doble que el coste de la vida. Galicia, con sus peajes entre los más caros de España, soporta también por tercer año consecutivo el mayor incremento de toda la red estatal. Será, además, de los últimos que desaparezcan, en 2048. Una sucesión de agravios sencillamente inaceptable.

Los peajes de la AP-9 han subido otra vez desde el 1 de enero. La autopista que vertebra Galicia de norte a sur, para la que no hay alternativa salvo que se quiera perder medio día en un calvario de viaje por una carretera nacional plagada de limitaciones que la hacen imposible, soporta el mayor "sablazo" consumado en España, con un alza media del 2,69% y de hasta el 4,5% en alguno de sus tramos. Circular de Ferrol a Tui pasa a costar 22,20 euros para los turismos y supera los 48 en el caso de camiones y autobuses. El peaje de Vigo a A Coruña escala a 16,85 para turismos, 45 céntimos más que ahora; entre Vigo y Pontevedra, a 4 euros; y de Pontevedra a Santiago, a 5,95 euros, un 3,5% más, por citar solo unas referencias.

La historia se repite como si fuera producto de una fatalidad. Si hacer uso de la AP-9 es desde siempre especialmente oneroso para los gallegos a pesar de los pingües beneficios que obtiene la concesionaria, lo es aún más desde que se ha hecho recaer sobre los usuarios el impacto del coste de las ampliaciones en Rande y Santiago. Pero más injusto todavía lo es padecer tarifas tan gravosas mientras el Gobierno rebajaba un 30 por ciento los de las nueve autopistas rescatadas por la quiebra de las empresas concesionarias: el acceso al aeropuerto de Barajas, Madrid-Toledo, Madrid-Guadalajara, Cartagena-Vera, Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y las radiales de Madrid. Además, circular por ellas pasó a ser gratis desde la medianoche hasta las seis de la madrugada. Estas medidas propiciaron un importante aumento del número de usuarios.

Y mientras las tarifas de la Autopista del Atlántico se elevan otro año más, el Gobierno se dispone a suprimir en los próximos 20 meses los peajes de cerca de 1.000 kilómetros de autopista, todos ellos en el Corredor Mediterráneo, el valle del Ebro y Andalucía. Tres tramos serán ya gratuitos este año nuevo: Tarragona-Valencia, Valencia-Alicante y Sevilla-Cádiz. Otros cinco se sumarán el 31 de agosto de 2021: Zaragoza-El Vendrell, Barcelona-Tarragona, La Junguera-Montmeló, Montmeló-El Papiol y El Papiol-Molins de Rei. Mientras, al menos hasta ahora, Vigo es la única gran ciudad cuya circunvalación no es gratuita, un oprobio en toda regla: el peaje a Redondela sigue inamovible pese al engaño reiterado de unos y otros, de quienes gobernando pudieron liberarlo y no lo hicieron, y de quienes prometiendo hacerlo tampoco nada han hecho.

El Gobierno dará con todas estas decisiones en marcha cumplimiento a una moción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)aprobada en el Congreso de los Diputados el 13 de diciembre de 2016. La localización de los tramos beneficiados y la dependencia de Pedro Sánchez de ERC para su investidura invitan a pensar mal, en una política de peajes que sigue intereses espurios, en donde los gallegos, como otros muchos españoles, vuelven a ser los paganini.

Esta situación discriminatoria e inaceptable se mantendrá, al menos en el corto plazo. Es verdad que el Bloque Nacionalista Galego ha arrancado al PSOE -a cambio de su decisivo voto a favor en la investidura de Pedro Sánchez- la promesa de que este año el Gobierno transferirá la gestión de la autopista a Galicia. Y también bonificaciones del cien por cien para los conductores que utilicen la autopista al menos dos veces al día, un segundo compromiso, sin embargo, que carece de fecha de aplicación. Además, Fomento asumiría la subida extra de tarifas concedida a Audasa durante veinte años en compensación por la ampliación del puente de Rande y del cinturón de Santiago de Compostela. El "regalo" en forma de subida a Audasa ascenderá en ese periodo a 1.463 millones por una obra que costó 220, según los datos de la Xunta. Por último, el Ejecutivo liberaría, por fin, de peaje el tramo entre Redondela y Vigo, una demanda histórica que sistemáticamente ha sido prometida y olvidada por varios ministros del ramo de diferentes partidos.

La música, como no puede ser de otra forma, suena muy bien, pero tras décadas de reiterados incumplimientos el escepticismo, cuando no el descreimiento, se ha instalado en la ciudadanía. Y todavía más cuando esos compromisos junto a otros muchos -que van desde la modernización del tren, el futuro de Barreras, Vulcano o Alcoa a más juzgados y fondos para dependencia- se sustancian en apenas tres folios cargados de buenas intenciones, pero poco más. El tiempo juzgará si esa panoplia de promesas se queda en eso -pura tinta- o si se van dando pasos en la dirección pactada. La futura contienda electoral -en principio el próximo otoño-- que afrontarán los partidos en Galicia le inyecta un inevitable tufo electoral al acuerdo.

Hasta que los gallegos perciban en sus bolsillos algún efecto tangible de todo lo acordado, seguirán instalados en la discriminación y la injusticia. No se trata de alimentar la rivalidad entre comunidades autónomas, ni tampoco de negar la evidencia. Las infraestructuras hay que costearlas. La construcción y el mantenimiento de una red como la española, sin parangón en Europa y con apenas un par de ejemplos más en el mundo, exigen un esfuerzo presupuestario que de algún bolsillo tiene que salir y de alguna partida detraerse. Derruir o abandonar lo ya hecho no es una opción. Solo cabe repartir proporcional y solidariamente el esfuerzo, cosa que no se está haciendo.

Los gallegos soportan peajes de los más altos de España, también para viajar a Madrid con la tarifa en Guadarrama. El agravio se multiplica exponencialmente si se considera que Galicia tiene los precios de sus combustibles entre los más caros, una red ferroviaria obsoleta a la espera de un AVE interminable por los incumplimientos y retrasos de cuantos gobiernos han sido, y conexiones aéreas insuficientes.

La concesión de la AP-9 no vence hasta 2048 porque el Gobierno de Aznar decidió en 2000 ampliar el periodo que tendría que acabar en 2023, en 25 años más. Si nada ni nadie lo remedia el de la AP-9, junto con el de la autopista Santiago-Alto de Santo Domingo, acabará siendo el más largo de la historia de los peajes en España. Durará 75 años, el máximo legal permitido, solo igualado por el del Huerna, en Asturias. El Noroeste, cuya condición periférica debería encontrar elementos correctores en una mayor conectividad con los principales ejes de riqueza del país, lleva camino de quedar una vez más orillado. Algo imperdonable que exige medidas paliativas urgentes.