Tras años de continuas subidas de los peajes en la Autopista del Atlántico, el año 2021 puede marcar un punto de inflexión en esta dinámica si el Gobierno obtiene los suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados para aprobar los presupuestos generales del Estado, que ayer iniciaron su andadura parlamentaria. El Ministerio de Transportes ha reservado en sus cuentas 55 millones de euros que se destinarán a rebajar las tarifas de la AP-9 y que se sumarán a los algo más de 8 millones que se consignan cada año para bonificar los trayectos entre Vigo y O Morrazo y entre A Coruña y A Barcala.

El pasado lunes, el ministro de Transportes José Luis Ábalos, anunciaba que en los presupuestos generales de 2021 el Gobierno iba a afrontar el “agravio real” que sufren los gallegos con los peajes de la AP-9. A la espera de que hoy dé los detalles en una comparecencia a media tarde, en las cuentas de su departamento figuran tres nuevas modalidades para aplicar descuentos a los usuarios de la autopista gallega, que pagan ya uno de los peajes más altos y a los que encima se añadieron subidas extra hasta 2038 para financiar la ampliación con más carriles en el puente de Rande y en la parte que funciona como circunvalación de Santiago.

Para las tres nuevas bonificaciones se exige previamente, en todo caso, que primero se aprueben los presupuestos y luego sendos reales decretos para que los ciudadanos puedan empezar a beneficiarse de los descuentos.

La partida más importante está dotada con 50 millones de euros y su objeto es “bonificar” los peajes en la AP-9 entre Ferrol y la frontera con Portugal. Nada más se dice, pero presumiblemente la rebaja se aplicaría a los viajeros que en el mismo día realizan trayectos de ida y vuelta y utilicen algún sistema de pago automático.

Adicionalmente a esta rebaja se sumará otro descuento. El Gobierno aportará a las arcas de la concesionaria otros 3,4 millones de euros con los que pretende la “supresión de la subida anual acumulativa del 1%”, en referencia al incremento de las tarifas durante 20 años autorizado a Audasa para que así pudiera recuperar los más de 200 millones de euros gastados en la ampliación Rande y la circunvalación de Santiago.

La tercera bonificación prevista es una larga reivindicación de la ciudad Vigo firmada por políticos, empresarios y vecinos, la supresión del peaje hasta Rande (Redondela). El Ministerio de Transporte prevé destinar 1,53 millones de euros a garantizar la “gratuidad” de este tramo.

Sobre estas medidas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó ayer –en la presentación de los presupuestos en el Congreso– que los 55 millones dan cumplimiento a los acuerdos alcanzados con diferentes formaciones políticas, en referencia al BNG, que permitieron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y que a lo largo de la legislatura se irá incorporando la totalidad del compromiso.

Adicionalmente, el Gobierno reserva otros 8,23 millones de euros para mantener los descuentos que actualmente ya rigen en la AP-9 en los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala.

La aportación del Estado a las arcas de Audasa no es menor, pues la empresa cerró 2019 dando muestras de ser un negocio jugoso. Ingresó 153,4 millones en peajes y logró un beneficio de 42,3 millones.

La decisión de rebajar los peajes en la AP-9 es una de las actuaciones de mayor impacto para Galicia en un año en que la inversión en el tren de alta velocidad desaparee en la práctica, dado que este mismo ejercicio terminarán las obras y en el segundo semestre de 2021 comenzará la explotación comercial. La única parte que queda por concluir es la variante de Ourense, para lo que se destinarán 29 millones de euros de una proyección total de 300 millones hasta 2024.

Otras actuaciones ferroviarias son 35,4 millones para la renovación de la línea entre Monforte y Lugo. También se iniciará un nuevo estudio relativo a la conexión de Vigo con la frontera Portuguesa; la electrificación entre Vigo y Tui se lleva 7,6 millones y la renovación entre Guixar-Redondela-Guillarei-Ourense cuenta con 11,6 millones.

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La línea que sigue en el ostracismo es la variante de Cerdedo para viajar de forma directa entre Vigo y Ourense sin tener que pasar por Santiago. El proyecto sigue a la espera de que se concluya el estudio hidrogeológico que determinará si es viable o no, y a qué precio, construir esta vía de alta velocidad. Para 2021, el presupuesto vuelve a ser de medio millón de euros.

El ministerio que más invertirá en la comunidad el próximo año será de nuevo el de Transportes, con 196 millones de euros, de los que 168 se destinarán a carreteras. Como proyectos más singulares figuran 69 millones para la A-54, la autovía que enlazará Santiago con Lugo, y 21 para la circunvalación de Pontevedra de la A-57.

El de Defensa 65,5 destinará para la construcción de las fragatas F-100 y Puertos invertirá 29 millones en el acesso ferroviario a Ferrol.

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Los presupuestos del Estado también recogen inversiones que en teoría pudieran destinarse al Corredor Atlántico del tren mercancías, pero no están definidas específicamente. Se trata de actuaciones sobre la línea ferroviaria convencional que coinciden con el trazado del corredor y que, por tanto, podrían considerarse como parte de la modernización de esta infraestructura que está llamada a colocar en la costa oeste de Europa las mercancías que se generen, sobre todo, en los puertos. En todo caso, el gasto es poco significativo. Así, se consigna una inversión de 12,5 millones de euros para la línea Ourense-Monforte, que es precisamente el trazado que deben seguir los trenes de mercancías para salir de Galicia y poner rumbo a Europa. Otra intervención que también podría incluirse en el Corredor Atlántico son 32 millones para las redes transeuropeas de transporte, vinculadas a la misma infraestructura pero más amplia en su concepto. El pasado lunes, Ábalos aseguró que recibiría el mismo tratamiento que el del Mediterráneo en los fondos europeos de recuperación, que están sin repartir.

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Aunque Bruselas todavía no ha cerrado el reglamento de los fondos para la recuperación económica para atajar la la crisis del Covid-19, el Gobierno incluye ya en sus presupuestos 26.600 millones de euros que espera recibir con cargo a estas partidas de la UE. De esta partida un total de 10.793 millones serán gestionados directamente por las autonomías. A ellos se sumarán otros 8.000 millones de euros, también de fondos europeos, que no recogen las cuentas del Estado porque se integrarán directamente en los presupuestos autonómicos. Es decir, en total las comunidades dispondrán de 18.793 millones de euros de financiación europea en 2021. Aunque todavía no se han fijado los criterios para el reparto, el Gobierno ha decidido “preasignar” ya 4.253 millones de euros a las comunidades y lo ha hecho atendiendo al peso poblacional de cada autonomía, un baremo que de aplicarse al resto de fondos perjudicaría a Galicia en detrimento de las regiones más grandes. En este primer reparto a Galicia le han asignado 249 millones de euros, el 5,8 por ciento del total nacional, porcentaje equivalente al peso de su población en el territorio español.