Los ayuntamientos gallegos gastaron en 2018, antesala de las elecciones municipales del año siguiente, algo más de 390 millones de euros en una multitud de partidas con el criterio en contra de sus interventores por apreciar dudas sobre su legalidad. La cifra es la más alta desde que se controlan estos gastos, ya que resulta un 79% más elevada que la de 2017 y duplica la de los años 2014 y 2015. Los ayuntamientos gallegos se sitúan además en el podio del conjunto de España, pues únicamente los municipios andaluces y valencianos se saltaron más que los gallegos lo reparos emitidos por Intervención, según el último informe de fiscalización del sector local realizado por el Tribunal de Cuentas.
La figura de los interventores es clave para controlar a los gobiernos municipales y prevenir eventuales episodios de corrupción o una excesiva alegría en el uso de los fondos públicos, dado que son funcionarios independientes de habilitación estatal cuya función es fiscalizar los ingresos y los gastos. Se encargan de verificar el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para autorizar el gasto, para lo cual debe examinar todos los documentos que formen parte del expediente. Pero también comprueban "la real y efectiva aplicación de los fondos públicos", según estipula la ley.
Los interventores ponen objeciones a determinados gastos cuando aprecian que no cumplen con todos los requisitos. Pero estos reparos se pueden esquivar mediante una resolución del alcalde, la junta de gobierno o el pleno, si bien en casi nueve de cada diez ocasiones la responsabilidad la asume el regidor. Estas acciones no se consideran delito, pero sí infracciones administrativas, irregularidades.
Son comunes en las administraciones locales y responden sobre todo a una falta de planificación. Por ejemplo, vence el contrato con la empresa encargada de recoger la basura sin que la nueva concesión esté prepara todavía. Entonces el concello decide de forma unilateral prorrogar el actual contrato varios meses más para ganar tiempo y no dejar sin recoger los residuos urbanos. Esta acción de ampliar el contrato es irregular, pero no un delito, ya que se está pagando a un tercero por un servicio público que está prestando efectivamente.
No obstante, pese a esta supervisión, en la práctica son numerosos los ayuntamientos que se saltan las advertencias y reparos de los interventores. De hecho, son miles en toda España los acuerdos adoptados por el alcalde, las juntas de gobierno o los plenos destinados a superar los informes contrarios de Intervención a una determinada partida de gasto.
En el año 2018, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, en Galicia se tomaron nada menos que 9.760 acuerdos para sortear la oposición inicial de los interventores con el fin de poder gastar 390,29 millones de euros sobre los que había sospecha de irregularidad en su uso o destino. Los expedientes representan el 14% de todos los registrados en España y el 15% de todo el gasto realizado con reparos de las respectivas intervenciones municipales.
En el conjunto del Estado se aprobaron 67.927 acuerdos por parte de los ayuntamientos para saltarse los obstáculos de la Intervención y así poder gastar 2.593 millones de euros, 473 millones más que en 2017. Por tanto, el comportamiento de los concellos gallegos se ajustó a la dinámica que se experimentó en el resto de España en vísperas de un año electoral, aunque fue más acusada en Galicia.
A la cabeza, y con diferencia, de los municipios que más expedientes registraron se encuentran los de Andalucía, con 14.579 acuerdos y 705 millones de euros de gasto, seguidos de los canarios (7.434 y 464, respectivamente), Galicia (9.760 y 390), Cataluña (4.450 y 299) y Valencia (10.386 y 247).
Entre las principales objeciones que exponen los interventores en sus informes de reparo figuran que el órgano municipal que autoriza el gasto carezca de competencias para su aprobación, que se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa o que se hayan omitido trámites o requisitos que pudieran dar lugar a la nulidad del acto o el acuerdo pudiera derivar en una situación de quebranto económico.
Los controles de los interventores también afectan a los ingresos, aunque en este caso, las advertencias son mucho menores. En el caso de Galicia se detectaron 109 anomalías correspondientes a 16,7 millones de euros, en su inmensa mayoría por irregularidades en la tramitación de los impuestos locales. En España se comunicaron 6.201 expedientes que afectaron a un total de 461,9 millones de euros.
En este capítulo, hay cuatro autonomías más afectadas que la gallega. A la cabeza vuelve a repetir Andalucía, con 203 millones, seguida de Canarias (185), Castilla y León (17,6) y Madrid (17,3).
