La Policía investiga una estafa a Audasa por 850.000 euros con el duplicado de facturas

La Policía Nacional ha abierto una investigación por una estafa a Audasa, concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9), que supera los 850.000 euros. La empresa interpuso hace unos días una denuncia por estos hechos tras ser alertada desde el banco de la posible existencia de un duplicado en sus facturas durante un período de ocho años, según informan fuentes próximas a la investigación.

Las presuntas irregularidades que se investigan en la emisión de facturas se remontarían al año 2011 y se prolongarían hasta la actualidad. Una vez la concesionaria tuvo conocimiento a través del banco del presunto duplicado de facturas durante los últimos ocho años, Audasa interpuso una denuncia en Comisaría por estafa. La documentación recabada hasta el momento apunta a un montante superior a los 850.000 euros.

Las primeras hipótesis que se manejan en la Brigada de la Policía Judicial, encargada de la investigación, son que algún trabajador en la concesionaria de AP-9 habría emitido cobros duplicados entre el año 2011 y este ejercicio hasta superar los 850.000 euros de estafa a la empresa que gestiona la vía de peaje que cruza Galicia de norte a sur.

La denuncia interpuesta por Audasa por estafa se produce en medio del proceso judicial en el que se ha visto inmersa la concesionaria de la AP-9 por cobro abusivo de peajes. A principios de este mes de diciembre, la Fiscalía de Pontevedra demandó a Audasa por lo que considera una "práctica abusiva" en el cobro de peajes en el puente de Rande durante los más de tres años que se prolongaron las obras de ampliación de la vía.

En el escrito presentado este mes ante el Juzgado de lo Mercantil, el Ministerio público recuerda que en los 40 meses que duraron las obras en la autopista los trabajos afectaron "de forma relevante y constante a la fluidez del tráfico".

A pesar de esa circunstancia, la Fiscalía advierte de que la gestora de la AP-9 mantuvo "invariables" sus tarifas a los usuarios de la autopista en plenas obras del puente de Rande. Por eso el Ministerio fiscal impulsó una demanda colectiva, admitida a trámite, con la que busca que se devuelvan los peajes abonados entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de este año, con los intereses legales; y que Audasa abone además una indemnización "consistente en el doble del peaje a todos los usuarios (conductores o pasajeros)".

Aunque la Fiscalía desconoce cuántos conductores se pudieron ver afectados por la "práctica general abusiva" en el cobro de estos peajes, señala que, según datos de la propia concesionaria, en los 40 meses analizados se registraron unos 77 millones de desplazamientos que dejaron una recaudación en peajes que ascendió a "unos 90 millones".