La mitad de las franjas secundarias de seguridad, que son franjas de cincuenta metros en fincas cercanas a núcleos de población, "incumplen la normativa" y no están limpias. Es una "estimación" de la Xunta que cifra en 65.000 las hectáreas que necesitan ser acondicionadas para evitar que en caso de incendios las llamas amenacen viviendas y vidas humanas.

La gran mayoría de estas parcelas pertenecen a particulares, y por ley desde 2007 es obligatoria su limpieza. Para ayudar a los ciudadanos a cumplir su deber, y a los ayuntamientos, que son los que deben velar porque los vecinos mantengan acondicionadas las franjas de seguridad en sus propiedades, la Xunta ha firmado con la Federación Galega de Municipios e Provincias un convenio, que ha de impulsar estas labores de desbroce.

La empresa pública Seaga se encargará de ir a las fincas y limpiar, bien porque el dueño de la parcela así lo ha decidido a cambio de pagar 350 euros por hectárea desbrozada, o porque los concellos deciden acometer la labor por la vía ejecutiva, al no identificar al propietario o al negarse el dueño a cumplir con su responsabilidad. Luego se le pasará la factura.

La Consellería de Medio Rural prevé "una inversión de 28 millones de euros hasta 2021" y calcula que se podrán limpiar 16.000 hectáreas de estas franjas secundarias. El acuerdo se publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia y desde hoy los ayuntamientos interesados en contar con la ayuda de la Xunta tienen un mes de plazo para sumarse a este acuerdo "pionero en Europa" para la puesta en marcha de "un sistema público de gestión de biomasa". Medio Rural explicaba ayer que "agiliza" los trabajos para que a finales de septiembre empiecen ya las labores de desbroce.

Los municipios que tendrán prioridad para sumarse a este nuevo modelo son los afectados por grandes incendios el pasado año y en los diez años anteriores, o los que tienen parroquias con alta actividad incendiaria, entre otros criterios.

Los concellos admiten que "no podían" afrontar "solos" la tarea de limpiar las fincas abandonadas, aunque la competencia fuese suya. Por su parte, Medio Rural, consciente de las "dificultades" de los consistorios, y tras la trágica ola de incendios del pasado octubre, con cuatro fallecidos en fuegos que cercaron núcleos de población, decidió acelerar la limpieza de las franjas de seguridad.