Testigos del caso aseguran en que "solo se tuvieron en cuenta criterios médicos" para los tratamientos de la hepatitis C

"Entendemos que se han ofrecido en colaboración con la administración de justicia todo tipo de explicaciones sobre la situación que esperemos que contribuyan a aclarar todo este asunto. En particular han sido tajantes los facultativos en que solo se tuvieron en cuenta criterios médicos, facultativos y los protocolos sanitarios establecidos en el tratamiento de los enfermos y que en ningún caso se restringieron por razones presupuestarias o de otro tipo". Así lo acaba de asegurar en Santiago Manuel Pillado, director de la Asesoría Xurdíca de la Xunta, tras las comparecencias de los tres testigos, que se prolongaron unas dos horas y cuarto.

No comparte la "satisfacción" de la Xunta el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Quique Costas, quien considera que "lamentablemente las comparecencias de hoy no aportaron nada sustancial". En el caso de los exdirectores de recursos económicos manifestaron, dijo, que su posición en el organigrama "no conllevaba responsabilidad alguna, sino que simplemente eran meros ejecutores de la compras". En cuanto a la declaración del primer miembro facultativo de la subcomisión que compareció, señaló que "se perdió una oportunidad realmente de arrojar luz sobre este asunto". Mantuvo, explicó Costas, que "la actuación del Sergas fue siempre correcta" y que las actuaciones de los dos altos cargos investigados eran "orientadas al bien de los pacientes". Pero Costas señala que hay "unos hechos" acreditados en la investigación de la Fiscalía pero cuando comparece alguien del Sergas "queda la sensación de que nadie tiene ninguna responsabilidad". "No se está colaborando en absoluto a que se haga justicia", proclamó.

La declaración de estos testigos en los juzgados compostelanos tiene lugar dentro de la investigación abierta por el juzgado para esclarecer si hubo un retraso ilícito en la evaluación de pacientes con hepatitis C, necesaria para que pudieran recibir los tratamientos.Según informaron en su momento fuentes de la causa, la citación se produjo después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, pidiera identificar a todos los miembros del órgano que se encargaba de autorizar los tratamientos de la hepatitis C.

Previamente, comparecieron como investigados ante el juez el pasado febrero Félix Rubial, exdirector de Asistencia Sanitaria, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, que salieron del juzgado tras tres horas y cuarto de declaración. Al finalizar Rubial apuntó que "queda sobradamente probada la actitud diligente del Sergas en estos y en todos los casos". "Fueron 1.150 las solicitudes que se hicieron antes de la entrada en vigor del plan estratégico de la hepatitis C de las que fueron aprobadas el 99% de las mismas", alegó.

"Tan solo 13 fueron rechazadas por motivos de seguridad, por motivos clínicos, y en ningún caso ninguno de los pacientes que hoy estaban siendo analizados", expuso ante los medios de comunicación. "Ninguno de ellos fue rechazado su tratamiento", enfatizó. Defendió además que " no hay ningún tipo de dilación".

Tanto Rubial como González-Criado ya habían comparecido en sede judicial por la causa abierta por el suministro de tratamientos de la hepatitis C en abril del pasado año, cuando se les investigaba por prevaricación, pero regresaron en febrero a los tribunales como investigados por un supuesto delito de homicidio imprudente. Esa nueva comparecencia surgió en diciembre, por un auto en el que la Audiencia Provincial de A Coruña estimó parcialmente un recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, que acordaba que estos mandos investigados en el procedimiento abierto por el suministro de los tratamientos a los enfermos afectados por este virus fuesen llamados a declarar también como investigados por un supuesto delito de homicidio en seis de los ocho casos que instruye la causa. La investigación abierta busca aclarar si hubo un retraso ilícito en la evaluación de pacientes con hepatitis C, necesaria para que pudieran recibir los tratamientos.

Así, si en un primer momento el juez decidió investigarlos por prevaricación, a pesar de que la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias", la Audiencia Provincial estimó la situación, lo que supuso convocarlos de nuevo. En el auto judicial del 22 de diciembre "se revoca parcialmente" el auto dictado por el juzgado de instrucción compostelano y "se acuerda que se tenga por dirigido el procedimiento frente a los denunciados por un delito de homicidio imprudente respecto" a seis pacientes "y se les tome declaración como investigados en relación con dichos fallecimientos".