Los investigados por el caso de la hepatitis C defienden ante el juez la "diligencia del Sergas"

Ambos dirigentes salieron tras tres horas y cuarto de declaración. Al término Rubial apuntó que "queda sobradamente probada la actitud diligente del Sergas en estos y en todos los casos". "Fueron 1.150 las solicitudes que se hicieron antes de la entrada en vigor del plan estratégico de la hepatitis C de las que fueron aprobadas el 99% de las mismas", detalló.

"Tan solo 13 fueron rechazadas por motivos de seguridad, por motivos clínicos, y en ningún caso ninguno de los pacientes que hoy estaban siendo analizados", expuso ante los medios de comunicación. "Ninguno de ellos fue rechazado su tratamiento", enfatizó. Defiende además que " no hay ningún tipo de dilación".

Tanto Rubial como González-Criado ya comparecieron en sede judicial durante más de cuatro horas por la causa abierta por el suministro de tratamientos de la hepatitis C en abril del pasado año, cuando se les investigaba por prevaricación, pero regresan hoy a los tribunales como investigados por un supuesto delito de homicidio imprudente.

Esta nueva comparecencia surgió en diciembre, a raíz de un auto en el que la Audiencia Provincial de A Coruña estimó parcialmente un recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, que acordaba que estos mandos investigados en el procedimiento abierto por el suministro de los tratamientos a los enfermos afectados por este virus fuesen llamados a declarar también como investigados por un supuesto delito de homicidio en seis de los ocho casos que incluye la causa. La investigación abierta busca aclarar si hubo un retraso ilícito en la evaluación de pacientes con hepatitis C, necesaria para que pudieran recibir los tratamientos.

Los cargos que ya fueron citados en abril del pasado 2016 son el gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, que entonces ocupaba el cargo de director de Asistencia Sanitaria, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. El juez decidió investigarlos por prevaricación, a pesar de que la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias", situación que ahora estima la Audiencia Provincial.

En el auto judicial del 22 de diciembre "se revoca parcialmente" el auto dictado por el juzgado de instrucción compostelano y "se acuerda que se tenga por dirigido el procedimiento frente a los denunciados por un delito de homicidio imprudente respecto" a seis pacientes "y se les tome declaración como investigados en relación con dichos fallecimientos".