Pese al esfuerzo realizado por los concellos para ponerse al día con el pago de sus facturas, un tercio de los municipios gallegos todavía incumple el plazo legal máximo permitido de 30 días. La Xunta se propone ejercer más presión sobre estos ayuntamientos para que salden sus deudas con los proveedores en el menor tiempo posible. Y para ello se plantea penalizar en el reparto de fondos y ayudas a aquellas entidades legales que no abonen sus facturas en el tiempo legalmente estipulado. Así lo recoge una de las propuestas que el PP trasladará al Parlamento con la que además se asume una de las recomendaciones formuladas por el Consello de Contas en uno de sus informes.
De esta manera, tal y como recoge el texto propuesto por el grupo popular, "se estudiará la modificación de la normativa en materia de subvenciones a las entidades locales para introducir en los criterios de puntuación la valoración de aquellas que cumplan el periodo medio de pago en el último ejercicio y la posibilidad de incorporar en los próximos años penalizaciones a las que incumplan".
No es la primera vez que la Xunta condiciona el reparto de fondos municipales a las políticas de transparencia y gestión de los concellos. Desde 2011 el Gobierno gallego ya veta el acceso a subvenciones a aquellas entidades locales que no rindan cuentas de sus presupuestos ante el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma. En ese momento, el Ejecutivo autonómico calculaba que estaban en juego unos 244 millones de euros que reparte en ayudas.
Haz click para ampliar el gráfico
La intención de la Xunta es que ese dinero que anualmente se distribuye entre los consistorios en forma de subvenciones quede también vinculado a partir de ahora a que paguen en plazo a sus proveedores. Según el último informe del Ministerio de Hacienda, de los 287 ayuntamientos que remitieron información, un total de 82 superaron los 30 días fijados como tope para abonar las facturas.
La situación, en todo caso, ha mejorado en el último año puesto que en 2015 el número de municipios incumplidores se elevaba a 102.
Entre las ciudades hay tres que todavía están por encima del plazo legal que fija el Ministerio y se arriesgarían a perder fondos de la Xunta: Lugo con 108,32 días de demora, Ferrol con 45,49 días y A Coruña con 33,13 días. Por el contrario, son cumplidoras las urbes de Santiago (24,46 días), Ourense (15,77 días), Pontevedra (1,10) y Vigo, que es la que paga a sus proveedores con más premura, incluso antes de que empiece a contar el plazo fijado por Hacienda (-15,29 días).
De los pequeños y medianos concellos, hubo 126 en los que la tasa de morosidad se agravó durante el último año.
La propuesta de la Xunta de penalizar a los concellos que incumplen el plazo legal de pago a proveedores se produce después de que el Consello de Contas dictaminase que los mecanismos de financiación puestos en marcha por el Gobierno para que los concellos redujesen su deuda con los proveedores "tuvo escasa repercusión en la gestión de los concellos". Según explica en su informe, los ayuntamientos aprovecharon esta herramienta para hacer aflorar facturas que no tenían reconocidas en sus presupuestos y saldar deudas pendientes. Sin embargo, los planes de ajuste a los que se vieron obligadas las entidades locales a cambio de esta financiación extra no sirvieron para mejorar su forma de gestionar las finanzas. El peso de los recortes (el 35 por ciento) se aplicó sobre el personal, mientras que "el impacto del ahorro previsto en materias como la reducción de cargas administrativas apenas supuso el 0,23 por ciento o la reestructuración de la entidad local, únicamente representó el 0,84 por ciento". Y, por otro lado, en la parte de ingresos, en lugar de recaudar más mejorando la eficacia o la inspección, el grueso se obtuvo a través de subidas tributarias.
