El Gobierno llama al PP y se abre a enmendar los decretos para salvar el veto de Junts

La convalidación de los primeros decretos del Gobierno en esta legislatura está en riesgo. La amenaza de Junts de tumbar la votación de este miércoles en el Congreso, así como las exigencias de Podemos a cambio de dar su voto a favor, ha obligado a los socialistas a abrir un canal de comunicación con el PP para intentar explorar una geometría variable a la de los pactos de investidura. Una vía compleja, según reconocen desde la dirección del PSOE, que complementan con la oferta de tramitar los decretos como proyecto de ley para incluir nuevas propuestas de sus socios, pero también de los populares. “Estamos negociando con todos”, explican fuentes de Ferraz para salvar esta primera prueba de fuego tras la conformación del Ejecutivo.

En la negociación están implicados los ministros María Jesús Montero y Félix Bolaños, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafa Simancas, y el portavoz en el Congreso, Patxi López. Con el PP está interolocutando Bolaños, quien habló este domingo y hoy mismo con su secretaria general, Cuca Gamarra, según fuentes de ambos partidos, pero también la vicepresidenta segunda. Yolanda Díaz descolgó esta tarde el teléfono para conversar con el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper. Negociaciones a varias bandas y con los pesos pesados tanto del Ejecutivo como del partido que dan cuenta de lo que está en juego. De la convalidación de estos decretos depende el próximo desembolso de los fondos europeos, de unos 10.000 millones de euros, la prórroga de medidas anticrisis como la subvención al transporte o la rebaja del IVA de los alimentos, o la revalorización de las pensiones.

La línea roja del Gobierno pasa no tocar los aspectos nucleares de las reformas comprometidas con Bruselas. De ellas depende el visto bueno para recibir el próximo tramo de los fondos Next Generation. Esto es, el nuevo subsidio por desempleo, pero también uno de los puntos por los que Junts anunció su intención de votar en contra: que el Gobierno torpedea la aplicación de la amnistía. El artículo de la discordia es el 43 bis del decreto sobre justicia, que recoge que un tribunal puede dejar en suspense la aplicación de una ley en un asunto concreto si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Este el motivo por el que Junts mantiene, hoy por hoy, el veto. En las filas posconvergentes hay malestar por el hecho de que, en una primera versión enviada por el Gobierno, no apareciera esta mención. "No se puede poner a la cúpula judicial en bandeja ninguna rendija", ha espetado el portavoz Josep Rius en rueda de prensa. Y es que para Junts esto es una treta para retrasar la amnistía y para poner trabas, por ejemplo, al regreso de Carles Puigdemont. ERC, en cambio, ha confirmado su sí porque lo ve diferente. Los republicanos recuerdan que, antes del decreto, los jueces españoles ya podían hacer estas consultas prejudiciales -las causas del 'procés' están plagas de ejemplos- y que lo único que hace el decreto es regular esta figura e incorporarla definitivamente al ordenamiento jurídico español.

Junts cree que el PSOE ha intentado situar este apunte en un decreto “macedonia”, ya que contiene muchas otras medidas de distinta índole, y algunas de ellas "agravan la infrafinanciación" de Catalunya y suponen un "recorte" de competencias de la autonomía catalana. "En lugar de avanzar en la resolución del conflicto, vamos hacia atrás", ha argumentado Rius. "Se aplica una política de hechos consumados, pero nuestros votos no son un cheque en blanco", ha aducido. La única vía de pacto, según JxCat, sería que el Gobierno retirase del orden del día los tres decretos y se negociaran uno a uno con los grupos parlamentarios. "No funcionará el 'a cambio de nada' y sólo habrá estabilidad si hay avances en el ámbito social y nacional", ha alertado.

Apoyo de ERC

Los socialistas avisan que sobre este punto “no hay nada que cambiar”. Fuentes de la cúpula del partido, además, aseguran que desde Junts “entienden” en privado el cambio para adaptarse a la legislación europea y porque las cuestiones prejuduciales al TJUE ya se podían realizar sin este cambio para explicitarlo en el ordenamiento jurídico.

ERC, por su parte, ha precipitado el anuncio de su sí para no dar lugar a dudas. La portavoz republicana, Raquel Sans, ha justificado que los decretos aportan mejoras en ámbitos como las pensiones, los convenios laborales, la justicia y las prestaciones a la maternidad -por citar algunos ejemplos- y que no perjudica la amnistía, sino que dará "mayor seguridad jurídica" para que, una vez se apruebe la ley, se pueda aplicar con menor margen para los subterfugios.

Desde el PSOE han trasladado a Junts que, como contrapartida para su apoyo sin grandes cambios, se abren a negociar otras propuestas que pongan sobre la mesa. Por el momento sin éxito. En Junts han reclamado retirar los decretos y volver a presentarlos modificados con sus aportaciones. Otra línea roja para el Ejecutivo."Vamos a someterlos a votación aunque puedan ser derrotados", explicaba este lunes el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en rueda de prensa desde Ferraz tras la reunión de la ejecutiva.

Pese a las discrepancias de fondo, los socialistas confían en agotar la negociación para llegar a un entendimiento. En principio priorizan que se negocien cuestiones relativas “a las cosas del comer”, relacionas con los decretos que se votarán el miércoles, pero tampoco cierran la puerta a discutir otras cuestiones.

Cambios en "otras materias"

En las conversaciones de los últimos días entre PSOE y Junts se ha reprochado también al Gobierno su uso de los decretos para incluir medidas inconexas y sin tiempo previo para negociar su contenido. Unas críticas que según fuentes directas de las negociaciones por parte del PSOE asumen. “Exigen otras formas y estamos de acuerdo, pero en esta ocasión había urgencia por los fondos europeos”, explican las mismas fuentes. En esta línea, han trasladado su compromiso a que en futuros decretos se intente pactar su contenido previamente a aprobarlos en el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió algo más la mano en una entrevista en TVE al mostrarse dispuesta a negociar “otras materias que le puedan resultar de interés” a Junts. Tras reconocer que el punto de encuentro es difícil sobre el elemento del decreto que rechaza Junts, Montero explicó que la estrategia negociadora pasa por “explorar el perímetro por si hay otras cuestiones a incorporar”. En la tarde de este miércoles, los socialistas decían todavía estar a la espera de respuesta, sin perder la interlocución a diversas bandas.

El apoyo de CC permite una abstención de Junts

Si el PP no entra en la ecuación como se encargó de abonar Alberto Núñez Feijóo, el único margen del Gobierno para sacar adelanto sus decretos es la abstención de Junts. Fuentes de la dirección de Coalición Canaria aseguran a este diario que votarán a favor, por lo que junto al resto de socios de investidura el Gobierno sumaría un voto más a favor que en contra si logra forzar una abstención de Junts. ERC ya ha avanzado su apoyo y EH Bildu y BNG negociaron contenidos del decreto anticrisis antes de su aprobación por parte del Gobierno. Con todo, el voto de Podemos está también en el aire.

Para convalidar el decreto de medidas contra inflación exigen un compromiso para topar los alquileres, mientras que para hacer lo propio en el decreto de desempleo reclaman que no implique “recortes”. Fuentes de Ferraz rebajan la amenaza de los morados y explican que “siempre han remado a favor de las mayorías sociales y esperamos que lo sigan haciendo”.