Los dirigentes catalanes investigados por el proceso soberanista quedarán inhabilitados en el momento en que el juez instructor, Pablo Llarena, dicte su procesamiento. Esa es la previsión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ayer anticipó que todos los que ahora son diputados quedarán pronto fuera de "la representación pública".

En abril, el magistrado del Tribunal Supremo tendrá que cerrar la instrucción de la causa abierta contra casi una treintena de dirigentes soberanistas en octubre del año pasado y para cuya preparación dispone de un plazo de seis meses prorrogables. La intención de Llarena es ajustarse a ese tiempo. Los procesados por delito de rebelión -el más grave de los que se investiga, y al que se suma los de sedición y malversación- que se encuentren en prisión serán inhabilitados de inmediato con independencia del resultado del juicio posterior. Esa medida, establecida en la ley de Enjuiciamiento para los delitos de terrorismo y rebelión, afectaría al exvicepresidente Oriol Junqueras y a Jordi Sànchez, cuya condición de diputados quedaría en suspenso. La inhabilitación podría ser extensiva al expresidente Carles Puigdemont y al exconsejero Toni Comín, huidos a Bélgica pero sobre los que pesa una orden de busca y captura.

El ministro Catalá anticipa que esas inhabilitaciones afectarán a la totalidad de los encausados, según manifestaba ayer en un programa de Antena 3. "Entiendo que cuando se dicte ese auto de procesamiento todas las personas que estén dentro de él serán inhabilitadas", señalaba el titular de Justicia. "En ese momento, antes de esperar incluso a la sentencia, ya hay una inhabilitación, más allá de lo que dicte la sentencia final", según Catalá, por lo que la cúpula soberanista quedaría fuera de la "representación pública". La sentencia sobre el proceso independentista se dictaría el año próximo, de cumplirse las previsiones. Pero la inhabilitación en el momento del procesamiento dejaría fuera de juego a quienes hasta ahora lideraron al secesionismo, circunstancia que impediría su concurrencia a unas nuevas elecciones si la actual situación de bloqueo terminara con un nuevo llamamiento a las urnas en la primavera próxima. Catalá amenazó ayer con que el Ejecutivo fuerce esa convocatoria, por interpretar que el plazo de dos meses para la designación de un presidente de la Generalitat comenzó a correr ya aunque no se haya celebrado el debate de investidura. Los letrados del Parlament deberán pronunciarse sobre este asunto.

ERC considera "inadmisible" que Catalá anuncie la inhabilitación de sus dirigentes, mientras que para el PDeCAT el ministro actúa como "juez y parte". La diputada de ERC Ester Capella censuró, en primer lugar, que se haya filtrado esta noticia y que el titular de la cartera de Justicia la haya "comprado". "Eso dice muy poco de la independencia judicial y de la separación de poderes", dijo. En el mismo sentido, la portavoz de Justicia del PDeCAT en el Congreso, Lourdes Ciuró, censuró que Catalá sepa cuál va a ser la actuación de los tribunales en este sentido, lo que, según ironizó, supone "una muestra más" de la independencia judicial que existe en España.

Incluso Ciudadanos se sumó a las críticas al ministro de Justicia, por boca del diputado Ignacio Prendes, para quien "no es bueno que los representantes políticos debatan sobre decisiones futuras que solo corresponden a los jueces".