Los partidos se repartirán 7 millones para gasto corriente y costes electorales

Las hecatombes electorales dañan a los partidos no solo a nivel estratégico, de representación y de poder, sino también en el ámbito económico. Bien lo saben en la izquierda gallega, pues tanto PSdeG como BNG aplicaron recortes de plantilla e incluso aumentaron la aportación de sus cargos en sus peores momentos. Los socialistas deberán afrontar ahora otro periodo de apretarse el cinturón tras cosechar su peor resultado histórico con 9 diputados, por debajo de la simbólica franja de los dos dígitos.

Los partidos gallegos se repartirán casi 7 millones de euros para cubrir los gastos de la campaña y su funcionamiento ordinario.

El PP mantendrá sus ingresos en unos 3,1 millones, mientras el BNG rozará los 2,2 gracias a un incremento de 403.000 euros por su éxito en las urnas. Los socialistas son los grandes damnificados al dejar de ingresar 267.211 euros respecto a 2020 y caer al entorno de los 1,2 millones, según estimaciones realizadas por este diario. Democracia Ourensana obtendrá alrededor de 140.000 gracias a cosechar su único diputado.

La financiación de las organizaciones en Galicia se compone de tres vías desde 2016. Por un lado, la aportación para cubrir los gastos electorales que deriva de los resultados en las urnas. Por otro, una aportación con cargo a los presupuestos autonómicos anuales para financiar sus gastos corrientes. Luego, cada grupo parlamentario recibe dinero para cubrir sus trabajos en la Cámara.

Las dos primeras vías se actualizan en función de los resultados autonómicos en las urnas. En el primer caso, las fuerzas perciben una aportación de 21.737 euros por escaño logrado y 0,8 euros por voto obtenido, con lo que cubrir sus gastos de campaña. A esto, se unen 0,23 euros por cada papeleta enviada a los hogares de los gallegos pidiendo el voto. En este caso, cada uno de los tres grandes partidos recibe 620.000 euros, por unos 84.000 de DO. Deben justificar estos y si se pasan, deben ponerlo de su propia hucha.

Pero para compensar las prohibiciones a las donaciones, la Xunta aprobó en 2016 un cambio legal, como reveló FARO, para establecer una aportación fija de las arcas autonómicas que es de 2 millones anuales a repartir entre las fuerzas con representación parlamentaria. El 60% se distribuye en función de los votos y el 40%, de manera proporcional a los escaños cosechados.

Los resultados del pasado día 18 tendrán aplicación en 2025 en esta vía, cuando se aprueben los presupuestos para ese año, pues las de 2024 tienen en cuenta el reparto de 2020, fecha de las últimas elecciones antes de la entrada en vigor de las cuentas para este ejercicio, que se produjo el 1 de enero.

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