Los nuevos parques eólicos de Galicia tendrán tres años más, hasta 2028, para su construcción

El cuello de botella en componentes, transformadores y contratistas al que se enfrentan las empresas renovables amenazaba claramente el cumplimento de los objetivos previstos por el Gobierno en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta 2030, que aspira a prácticamente duplicar el músculo en tecnologías verdes pasando de los 72.000 megavatios (MW) operativos en la actualidad a 160.000. Candidatas hay de sobra, pero alrededor de un millar de futuras plantas fotovoltaicas y parques eólicos, las más avanzadas en tramitación, tenían la obligación de estar en pie antes de junio de 2025 para mantener la conexión a la red. En esa misma situación están los 75 complejos de aerogeneradores con casi 2.000 MW de potencia que la Xunta se apresuró a autorizar en abril, siguiendo el calendario marcado por el Ministerio para la Transición Ecológica para cribar los proyectos eternizados en el cajón de las administraciones y pinchar la burbuja de los derechos de acceso.

Después de la prórroga de seis meses que ya otorgó en junio para lograr la autorización de construcción, el Consejo de Ministros decidió ayer extender de nuevo el plazo para ese mismo hito otros seis meses más. El margen para concluir las obras y obtener la autorización administrativa de explotación aumenta también otros tres años, por lo que el encendido de la mayoría de los proyectos sometidos al filtrado de la conexión a la red podrá dilatarse hasta junio de 2028.

La reivindicación

“Es lo que estábamos pidiendo”, aplaude Manuel Pazo, presidente de la patronal eólica gallega, EGA, que recuerda la especial dificultad de cumplir los tiempos en la comunidad por la judicialización de parte de los futuros parques. “Que den tres años es muy favorable”, remarca, a la espera “de la letra pequeña”. Hay que tener en cuenta que las declaraciones de impacto ambiental caducan. Están en vigor cuatro años y dos más prorrogables. Para beneficiarse de la ampliación, los promotores deberán indicar “con carácter vinculante” el semestre en el que estiman la entrada en servicio de la instalación. Para la eólica marina y el bombeo se establece un máximo de nueve años de tramitación como mucho.

Transición Ecológica admite que el cronograma jugaba podía provocar “tensiones en la cadena de valor” y encarecer los proyectos, en un momento de clara apuesta en la UE por potenciar la industria de componentes. “Con esta modificación también se propicia una incorporación ordenada de las nuevas instalaciones que aumente la visibilidad de la senda para cumplir los objetivos nacionales de producción de energía limpia fijados para 2030 y beneficiar más a toda la economía en un contexto de creciente electrificación”, señala el departamento dirigido por Teresa Ribera.

Las subastas incorporarán criterios sociales y tecnológicos

“La UE ha dado señales claras para que los estados miembros incrementen el apoyo a la industria europea de renovables, clave para garantizar la estabilidad y la seguridad de suministro, para alcanzar los objetivos climáticos y para reforzar su relevante impacto en el empleo y en el tejido empresarial, en un momento en que está reduciendo su cuota en el mercado global”, recuerda Transición Ecológica, que opta por incluir en las futuras subastas de potencia “criterios de adjudicación no económicos”. ¿Por ejemplo? La contribución a la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la innovación, el impacto socioeconómico “u otros aspectos que mejores la integración de las renovables en el sistema eléctrico”. Su ponderación máxima será del 30%.

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