Frente común del sector energético gallego ante una “judicialización masiva”

El ultimátum de más de dos años que el Ministerio para la Transición Ecológica dio a cientos de proyectos renovables para retener el permiso de conexión a la red eléctrica y aflorar así los viables e identificar cuáles especulaban con los derechos de acceso sacó del cajón parques eólicos pendientes de construir en Galicia desde el polémico concurso de la Xunta en 2010.

Tuvieron que pasar por un lavado de cara y reiniciar la tramitación porque los aerogeneradores previstos estaban ya obsoletos, el reflejo del ocaso del sector en la comunidad. En pleno acelerón de la transición energética, hay que retroceder hasta 2019 para encontrar un incremento sustancial de la potencia instalada. Ese ejercicio se encendieron cerca de 400 MW, hasta alcanzar los 3.800. El músculo para aprovechar el viento apenas varió desde entonces en Galicia, la comunidad que presume de más y mejor recurso. En los siguientes tres años y medio se sumaron poco más de 60 MW.

Al atasco burocrático en las autorizaciones que la Xunta logró aligerar con una moratoria de 18 meses a nuevos proyectos –finalizó el pasado julio– y el refuerzo sin precedentes de las áreas de Medio Ambiente e Industria encargadas de la revisión de los proyectos se une ahora el embudo judicial por la creciente presentación, como reconoce la propia administración autonómica, de recursos administrativos y demandas judiciales contra decenas de parques recién aprobados.

La eólica gallega advierte sobre la posible “huida de capital inversor” si se echa el freno a las renovables

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló, incluso, la declaración de utilidad pública que permitió la expropiación de los terrenos para la repotenciación de EDP en el parque Corme. Ya había hecho lo mismo con la autorización previa y de construcción, desencadenando una batalla judicial de relevancia para todo el país y para cualquier iniciativa industrial que pase por una evaluación ambiental porque el Tribunal Supremo aceptó dictar jurisprudencia sobre la fase en la que deben entregarse los informes sectoriales –los que emiten organismos de patrimonio, aguas, ordenación territorial...–; si, como hasta ahora, después de la exposición pública del proyecto, o, como argumenta el TSXG, antes de sacarlo a audiencia de los interesados.

Las organizaciones piden “agilidad y garantías” para la seguridad jurídica

A la espera del fallo del Supremo y frente a la decisión del TSXG de paralizar proyectos como medida cautelar, la cadena industrial de la energía ha decidido dar un paso adelante. Se plantan contra lo que llaman “judicialización masiva” de los proyectos y su efecto colateral en los grandes centros de producción manufactureros que necesitan alimentación renovable ahora o es una condición indispensable para implantarse aquí.

Liderados por la patronal eólica EGA, la Asociación Gallega del Hidrógeno (AGH), las empresas del metal representadas en Asime, el Clúster de Enerxías Renovables (Cluergal), la Federación Gallega de la Construcción, la Confederación de Empresario de Galicia (CEG) y los sindicatos CC OO y UGT constituyeron ayer la Mesa para o desenvolvemento renovable e industrial de Galicia, enfocada a “la defensa del futuro energético e industrial” y a buscar por parte de las administraciones “agilidad, estabilidad y garantías que permitan avazan con seguridad jurídica”.

"Grave amenaza"

La alianza prepara un estudio sobre el impacto económico, laboral y social de la energía en Galicia y sus sinergias con la industria. Por lo pronto, la incertidumbre alrededor de los 3.000 MW que cuentan con autorización y un camino repleto de incógnitas por los recursos pone en riesgo, según las ocho organizaciones, una inversión de 9.500 millones y la creación de más de 9.000 empleos. “Una grave coyuntura y amenaza”, advierten las integrantes de la plataforma, frente a “la fuerte oportunidad” de Galicia para “ser referencia en tecnologías renovables” por la apuesta europea de la descarbonización.

“Las industrias electrointensivas y más de una treintena de propuestas expuestas o declaradas como iniciativas empresariales –señalan, en referencia a proyectos candidatos a los Next Generation que cuentan con tramitación abreviaba por parte de la Xunta– necesitan con urgencia soluciones de energía limpia y barata”. La mesa, de paso, recuerda el grave problema de “la duración de los plazos” burocráticos, la “principal barrera” en el despliegue de las tecnologías verdes en Galicia. Piden que se facilite su expansión, la “racionalización” del proceso, “sin que esto suponga un menoscabo en las garantías y la protección de otros intereses que deban ser especialmente amparados”.

La entidad asimila renovables con innovación y progreso económico y social. Si Galicia se queda atrás, aseguran, “el impacto inmediato que tendría en el desarrollo industrial y en toda la sociedad gallega sería inasumible”.

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