El TSXG anula por primera vez la utilidad pública de terrenos de un parque eólico

La decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de anular la repotenciación del parque eólico Corme amparándose en que la Xunta rebajó irregularmente de 30 a 15 días el plazo de alegaciones y por no incluir en el trámite de audiencia pública todos los informes sectoriales pilló por sorpresa a la dueña de las instalaciones, EDP, que ya había concluido las obras. La primera razón que se da en la sentencia para tumbar la tramitación del proyecto es indiscutible. De hecho, ni la promotora, ni la Xunta dijeron los contrario en el recurso presentado ante el Supremo. El otro argumento sí es debatible. Los análisis de patrimonio, aguas, ordenación territorial y el resto de organismos que revisan la documentación no se presentan en ese momento, el TSXG sostiene que eso contradice las normativa europea de dar “la posibilidad real” a los interesados de “participar en una fase temprana en los procedimientos de toma de decisiones ambientales” y el alto tribunal español considera que hay dudas y aceptó el caso para sentar jurisprudencia. De su veredicto dependen miles de proyectos renovables ahora mismo en curso en toda España y cualquier otra infraestructura industrial obligada a pasar por evaluación ambiental.

El de Corme también pasará a la historia como el primer proyecto eólico en el que el tribunal gallego revoca la declaración de utilidad pública de los terrenos. Una vez anulados la autorización previa y de construcción y el proyecto sectorial del parque, los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entienden que también debe decaer ese reconocimiento que abre el camino a las expropiaciones de las parcelas afectadas. “La privación singular del legítimo derecho de propiedad viene condicionada por una utilidad pública o un interés social, y estos se predican no en abstracto, sino para finalidades concretas”, sostiene la sentencia conocida ayer. En resumen, no puede haber una utilidad pública para un espacio si ya no existe el permiso para el proyecto energético que lo va a ocupar.

El lío judicial alrededor de Corme y las suspensiones cautelares a otros proyectos criticadas tanto por el sector como por la Xunta han llevado a la patronal eólica de Galicia (EGA) a liderar una alianza con la asociación del hidrógeno (AGH2), la del metal (Asime) y el Clúster de Enerxías Renovables (Cluergal), que, apoyados por la Confederación de Empresarios de Galicia, la Federación Gallega de la Construcción y los sindicatos CC OO y UGT, firman hoy la constitución de una mesa “para el desarrollo renovable e industrial de Galicia” para “unir esfuerzos en la defensa del impulso energético de Galicia”.

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