La eólica gallega advierte sobre la posible “huida de capital inversor” si se echa el freno a las renovables

Ya hay más de una veintena de procesos contenciosos abiertos por la autorización de parques eólicos en la comunidad autónoma y ante este delicado contexto que adelantó FARO y mismo reconoció la Xunta, constatando un incremento “notable” de recursos administrativos, la Asociación Eólica de Galicia (EGA) ha vuelto a reaccionar. Este miércoles, en un comunicado remitido a los medios, la patronal hizo hincapié en que la judicialización de los expedientes vinculados a estas construcciones “puede llegar a afectar” a los 75 proyectos gallegos que cuentan con una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable y la autorización correspondiente para salir adelante. En este sentido, alertó sobre la posible “huida de capital inversor” si no se revierte dicha situación y se echa el “freno” a las energías renovables.

La eólica se bloquea con el bum de recursos y contenciosos a nuevos parques en Galicia

“Nos cuesta entender que algunos colectivos contrarios a las energías renovables, y en particular a la energía eólica, logren dilatar o aplazar sin fecha proyectos amparándose en un supuesto interés general, cuando la producción de energía obedece a un interés general público superior, no reconocido. Esto nos puede llevar a una arcadia industrial, una nueva emigración y la huida de capital inversor a otras comunidades autónomas o países limítrofes, como ya está ocurriendo”, manifestaron al respecto fuentes de la Asociación Eólica de Galicia.

La comunicación de EGA, que recuerda que el sector aporta el 1% al PIB gallego y mantiene más de 5.500 empleos, se produce dos días después de que la asociación ecologista Adega haya hecho un llamamiento a la ciudadanía para emprender acciones contra un nuevo parque eólico: los 14 aerogeneradores de Paraño Oeste, instalaciones programadas en los concellos de Beariz y Forcarei. Ante este hecho, la patronal resalta que el proceso de análisis ambiental “es muy garantista”: “Dependiendo de la complejidad del proyecto, la tramitación transcurre entre cuatro y 10 años”.

Suscríbete para seguir leyendo