La Xunta valorará en su permiso a proyectos renovables si bajan el precio de la luz a los vecinos

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) concedió a Muras su Premio Eolo 2021 de Integración Rural. El concello ubicado en la comarca de A Terra Cha convive con el sector desde hace casi 30 años. El primer parque se levantó en 1995, cuando el uso del viento como fuente de energía sonaba a quimera todavía para muchos. Hoy hay 15 instalaciones en funcionamiento que suman 485 megavatios (MW), el 13% de toda la potencia operativa en Galicia.

Allí se sufría el problema de la despoblación mucho antes de ponerse de moda el concepto de “España vaciada”. Quedan, según los últimos datos oficiales del padrón, 602 vecinos en un municipio de algo más de 163 kilómetros cuadrados donde se asientan 381 aerogeneradores. El gran desarrollo de la eólica es la principal explicación de que Muras esté a la cabeza de los niveles de Producto Interior Bruto (PIB) por habitante: 88.338 euros, cuatro veces más que la media autonómica (21.755 euros). La mitad de los ingresos públicos del concello proceden de los impuestos de los promotores eólicos y desde 2015 el equipo de gobierno, liderado por el alcalde nacionalista Manuel Requeijo, tiene ayudas directas a los hogares para, entre otras cosas, aliviar el recibo de la luz.

¿Es posible dar un paso más allá y extender la medida a todos los territorios de desarrollo para compensarles por los posibles impactos? La idea, que hasta hace muy poco se consideraría un atentado a la unidad del mercado, gana adeptos. Se lo plantea Alemania; la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo dejó caer hace unas semanas; y la Xunta prevé incorporar las rebajas de la electricidad a empresas y hogares en los cambios en sus proceso de evaluación a proyectos renovables en la nueva ley sobre aprovechamiento de los recursos naturales que hoy mismo comenzará a tramitarse en el Consello.

Una "utility"

Es la misma norma que el presidente de la Xunta anunció el pasado martes para dar una armadura legal a la creación de una sociedad público-privada que el Ejecutivo autonómico empleará para participar en el capital de parques eólicos y otras tecnologías verdes para reinvertir luego los dividendos en compensaciones del territorio. Alfonso Rueda desveló ayer en el Parlamento gallego que también está previsto un giro en los procesos de evaluación de los proyectos que requieren el beneplácito de su administración. En las declaraciones de impacto ambiental, se valorarán otras cuestiones como “la participación de inversores locales, la creación de empleos en la zona, la reducción del precio de la electricidad a particulares y empresas o la preservación de bienes culturales y naturales”.

Compensaciones, en definitiva, que servirán también para decantar la balanza de la Xunta sobre en qué proyectos entrará “la futura utility junto a otros actores públicos y privados”. Rueda mencionó expresamente la posibilidad de ser socio o “promover”, dando a entender que la sociedad tendrá también un perfil promotor desde el inicio. “Una oportunidad para Galicia”, defendió el presidente autonómico, fruto “de la política útil”, a pesar de que durante muchísimo tiempo los populares demonizaron la apuesta que en su momento lanzó el Bloque para forzar la presencia de la Xunta en el accionariado de parques eólicos.

Debate parlamentario

La portavoz de la formación nacionalista no hizo ninguna mención a la iniciativa de la Xunta ayer durante la sesión en O Hórreo. Ana Pontón aprovechó la sesión de control para reclamar la derogación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) que, entre otras fundamentales cuestiones, identificas posibles zonas aptas para eólica marina flotante en Galicia. “¿Cómo es posible que que pretendan cargarse un sector que da de comer a 64.000 gallegos y gallegas? Porque esto es lo que supone la eólica marina”, clamó Pontón, en referencia al supuesto perjuicio para la pesca. Rueda le recordó que el camino a la neutralidad climática obliga a “multiplicar por muchos cientos” la potencia renovable y defendió la necesidad de aprovechar “la oportunidad” de la eólica marina en equilibrio con el sector pesquero.

Fuera del Parlamento autonómico, el secretario xeral del PSdeG aplaudió “el giro” de la Xunta “a lo que demandaban los socialistas”. Valentín González Formoso reclamó que esa futura participación pública se extienda a proyectos de almacenamiento, biomasa e hidrógeno verde.

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