La Xunta da un giro en su política energética y será accionista de parques eólicos y otras renovables

El entonces príncipe Felipe inauguró el parque eólico experimental de Sotavento el 21 de junio de 2001. El aprovechamiento del viento como fuente de energía limpia era todavía incipiente en aquel momento. Había una treintena de instalaciones en funcionamiento en Galicia y este complejo, ubicado entre los concellos de Monfero (A Coruña) y Xermade (Lugo) nació como un proyecto “novedoso, incierto y, en cierta manera, utópico”, como sus promotores reconocían durante la celebración del veinte aniversario hace dos años. Tiene 24 aerogeneradores de 10 modelos diferentes porque su principal función es divulgar una tecnología ahora mucho más madura y envuelta en polémica por su nueva etapa de expansión para acelerar la descarbonización de la economía.

De eso se encarga la fundación del parque, que, en paralelo, es también una empresa con una facturación de 1,5 millones de euros en 2019, según el último informe técnico completo publicado por la sociedad, y un accionariado repartido entre seis socios. A la cabeza está el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), que tiene el 30,5% del capital; seguido del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (el IDAE estatal), con el 20,5%; Endesa controla el 18%; Naturgy otro 18%; un 8% está en manos de Iberdrola; y el 5% restante en Energía de Galicia. Probablemente en ningún sitio mejor la Xunta podría haber anunciado su transcendental giro en la política energética.

Participación directa

El propósito del Gobierno gallego es escalar el modelo de Sotavento, aunque dejando de lado esa vertiente pedagógica y volcándose en la parte comercial para conseguir dividendos y reinvertirlos en el territorio. También de la mano de otras administraciones y del sector privado. Aprovechando su visita ayer a Sotavento, el presidente de la Xunta adelantó que el Consello de mañana dará vía libre a la tramitación de una ley “que sentará el marco normativo para la creación de una sociedad con la que asumirá esa participación directa, junto con otros socios, y que permitirá velar para que el rendimiento económico de los recursos naturales de Galicia se reinvierta en Galicia”. El propio Alfonso Rueda presentó la iniciativa como la constitución “de lo que se conoce como una utility”, es decir, una empresa de servicios eléctricos, “con una clara intencionalidad para que parte de los beneficios que se generen tengan un impacto directo en toda Galicia, y especialmente en los lugares donde se instalen”.

Ni él, ni desde el equipo del vicepresidente primero, Francisco Conde, dieron más detalles de la futura norma y de la sociedad público-privada porque antes se abrirá a consultas públicas para mejorar la propuesta. Las fuentes consultadas por FARO insisten en que la participación pública se orienta tanto a parques eólicos, “como a otras renovables”, un vehículo que el BNG llegó a proponer durante la etapa del bipartito en San Caetano, desatando las críticas de los populares. Falta por definir si la Xunta podría ser accionista mayoritario, como sucede en Sotavento, o tendrá una participación más pequeña, al igual que sucede en las otras siete instalaciones energéticas donde es accionista: Biomasa Forestal, Sistemas Energéticos Mañón Ortigueira, Sistemas Energéticos Chandrexa, Energías Especiales de Careón, Parque Eólico San Andrés, Energías Ambientales de Somozas y Eos Pax II.

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