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Pescanova, la tibia “sombra Enron” de la auditora BDO

Enfrenta el pago solidario de 127 millones como cooperadora necesaria en el fraude de la pesquera

Los imputados en el "caso Pescanova", el primer día del juicio en la Audiencia Nacional. // Fernando Alvarado

Entre los años 1990 y 2002, durante la primera fase expansiva industrial de Pescanova SA, la supervisión externa de las cuentas correspondió a Ernst & Young. Excepto en el primer ejercicio, la auditora emitió salvedades sobre cada uno de los balances elaborados por el equipo de Manuel Fernández de Sousa. ¿El motivo? La pesquera rechazaba aportar determinada información aludiendo a que “la localización y bondad económica de los recursos pesqueros constituye una información de alto valor estratégico que no debe ser publicada y dada a conocer a sus competidores”, una práctica que no corregía pese a los requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esos aparentes caladeros secretos fueron advertidos nada más llegar BDO a Chapela (Redondela), como figura en el informe de salvedades firmado por José Velasco Benítez en 2002. “No se desglosa la información [...] relativa a la aportación de cada sociedad a los resultados consolidados”. Pero este reproche de BDO no volvió a repetirse nunca más: a partir de entonces, todas las cuentas de Pescanova SA fueron bendecidas por la auditora pese al tupido velo de discreción que se cernía sobre las filiales que, a la postre, armaron una trama fraudulenta inaudita en la historia empresarial española. La residencia fiscal –y “estratégica”– de los peces no era el problema porque esos peces, como se destapó después, eran de mentira.

En los estertores de su mandato, Fernández de Sousa trató de aprobar en consejo unas cuentas (de 2012) que reflejaban buenos beneficios, aunque, en realidad, Pescanova amasaba millones de números rojos y un agujero patrimonial de otros 1.500. También entonces, escasas horas antes de la pesquera se viera obligada a reconocer a la CNMV que iría a preconcurso –como avanzó FARO en primicia el 1 de marzo de 2013–, esa fantasía contable tenía el visto bueno inicial de BDO.

Nadie en las oficinas centrales de la multinacional, ni en los despachos de la auditora, ponía freno a los desmanes del todopoderoso Fernández de Sousa

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A los miembros de la Comisión de Auditoría, de hecho, no les manifestó ninguna inquietud pese a los intentos desesperados de Sousa de vender una de sus filiales (Acuinova Chile, dedicada al cultivo de salmón y trucha) para lograr tesorería y no incurrir en impagos en un crédito sindicado.

Contribuyó, de forma decisiva, a que la contabilidad no reflejara la imagen fiel de la compañía, que era, precisamente, su principal responsabilidad

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Pescanova SA había financiado inversiones por más de 830 millones de euros en poco más de seis años, estando ya quebrada, y que empezó a devolver con artilugios contables de lo más variopinto: de mover deuda de una filial a otra –de las que escondían esos aparentes vergeles secretos de peces– al papel pelota o la creación de una red de instrumentales a las que compraba miles de toneladas de merluzas o gambón para justificar nuevas operaciones de crédito a corto plazo. Merluzas y gambones, eso sí, de mentira.

Solo ocho días después de solicitar el preconcurso, como también desveló este periódico, Pescanova modificó el registro oficial de su marca, descapitalizándose con un traspaso parcial de su principal activo, para compartirla con el gigante nortemericano Heinz, a través de la sociedad Yoshida’s Inc. También esto fue una venta fantasma; el grupo aludiría a un sorpresivo error en el registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OAMI, ahora denominada Euipo). Este movimiento solo fue revertido tras su publicación en prensa.

Nadie en las oficinas centrales de la multinacional, ni en los despachos de la auditora, ponía freno a los desmanes del todopoderoso Fernández de Sousa.

Santiago Sañé, socio auditor de BDO, fue condenado a tres años y seis meses de prisión. | // L. GRAÑA Lara Graña

La quiebra

Pescanova SA protagonizó la mayor suspensión de pagos de una compañía no inmobiliaria en España, con un pasivo superior a los 3.650 millones de euros. Con un esquema directivo piramidal, cómplice en todas las prácticas irregulares bajo la batuta y tutela de Fernández de Sousa, y la connivencia de una de las mayores auditoras del mundo. “BDO no puso ningún obstáculo y con ello no sólo incumplió una norma esencial en la contabilidad de la imposibilidad del neteo, sino que contribuyó, de forma decisiva, a que la contabilidad no reflejara la imagen fiel de la compañía, que era, precisamente, su principal responsabilidad”, resume textualmente la sentencia de la Audiencia Nacional.

Por primera vez –para Santiago Sañé, socio director y responsable de la auditoría externa de la multinacional– se decretaba pena de prisión para un auditor en España. Los delitos, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera; el castigo personal, tres años y seis meses de privación de libertad.

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Caso Pescanova: Imputados por acción, conocimiento u omisión Faro de Vigo

Pero, al margen de Sañé, todos los focos están sobre el grupo BDO. Este miércoles, el Tribunal Supremo se reunirá para deliberar sobre el proyecto de sentencia que ha elaborado el ponente, Manuel Marchena, respecto a los recursos interpuestos por la docena de personas físicas y cuatro entidades jurídicas condenadas. Sobre la auditora pende una losa monumental: responsable solidario para la indemnización a los fondos Luxempart, Corporación Económica Delta y Disa Corporación (Grupo Damm), Silicon Metals Holding, Golden Limit y Citurrioz Inversiones. La factura, de confirmarse el fallo de la Audiencia Nacional, acaricia los 127 millones de euros. “La confirmación de la sentencia va a ser decisiva, no solo para BDO, sino también para el conjunto de las auditoras”, exponen fuentes de este sector.

Descartan de plano un efecto Enron, como el que se llevó por delante a la auditora Arthur Andersen, pero advierten de la enorme cantidad a desembolsar habida cuenta de los limitados bienes declarados por los demás condenados –Sousa declaró ser propietario de dos coches de segunda mano, 4.000,62 euros en una cuenta corriente, acciones sin valor y una finca rústica en el Escorial– y a que el seguro contraído con Mapfre solo respondería hasta un importe próximo a los 40 millones.

La aseguradora ha consignado ya esta cantidad en el alto tribunal; BDO Auditores SL no ha hecho ninguna provisión en sus cuentas, y su propia auditora (Stemper) ha llamado la atención sobre lo que pueda determinar el Supremo. “Consideramos que, debido a la relevancia de la demanda, estamos ante un riesgo significativo que podría eventualmente dar lugar a pasivos adicionales”, apunta.

“El mayor riesgo –continúan las fuentes consultadas– sería económico, desde luego, pero también reputacional”. BDO rehusó realizar valoraciones respecto al fallo definitivo de la Justicia a preguntas de este periódico. El hecho de que la auditora disponga de esa póliza y forme parte de un grupo global ha llevado a los perjudicados en la trama Pescanova a dirigir todas sus reclamaciones contra ella, a quien consideran la única con posibilidades de resarcirles de una inversión desastrosa.

Los condenados

  • Manuel Fernández de Sousa
  • Alfonso Paz-Andrade (†)
  • Antonio Táboas Moure
  • Alfredo López Uroz
  • Joaquín Viña Tamargo
  • Ángel González Domínguez
  • José Manuel Gil González
  • Alfonso García Calvo
  • Carlos Turci Domingo
  • Manuel López Rodríguez
  • Rosario Andrade Detrell
  • Santiago Sañé Figueras
  • Pescanova SA
  • BDO Auditores SL
  • Quinta do Sobreiro
  • Kiwi España

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