Su designación, a cargo de Amelia Pérez, fue una sorpresa entre los colegas del gremio. La jueza elegía al despacho Tahice Legal para conducir el concurso-liquidación de una de las empresas de mayor envergadura de Vigo, Hijos de J. Barreras, trufada de contiendas judiciales y con un enorme simbolismo industrial.
Se trataba de un bufete con escasos seis meses de presencia en la ciudad olívica –se había constituido en junio en 2021–, como consta en el Registro Mercantil. Sus socios son Elena Talin, Claudia Hidalgo y José Ramón Cerezales, desconocidos en los procedimientos de lo Mercantil en la provincia. La diligencia del tribunal y un mecanismo –denominado prepack concursal– que ya venía encaminado facilitaron un rápido traspaso de la unidad productiva, ahora propiedad de Grupo Armón.
Los trabajos ejecutados por Tahice Legal para preparar la venta habrán costado más de 433.300 euros, como figura en el último informe remitido al juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. Pero se trata solo de un pago parcial: “Se asigna a la AC (administración concursal) un crédito contra la masa por importe de 433.328 euros en concepto de resto de retribución provisional de la fase común”, expone el documento.
Una suspensión de pagos (antigua denominación de los concursos de acreedores) tiene varias fases. En el caso de Barreras no hubo preconcurso –sí lo solicitó en 2019, no esta vez–, sino que se formuló con el objetivo de traspasar la unidad productiva habida cuenta de que no era viable una propuesta de convenio y que su propiedad, Cruise Yacht Yardco (una de las firmas del entramado de Ritz-Carlton Yacht) tenía intención de deshacerse del astillero. En este caso, el de la liquidación, los administradores debían hacer inventario, venderlo y sufragar el mayor número posible de deudas.
Todavía está pendiente una eventual pieza de calificación, en la que deberán determinar si Barreras fue a la quiebra por causas fortuitas o por una mala gestión. En este caso será determinante, como ha intentado probar la representación de los trabajadores, que Cruise Yacht forma parte de un grupo económico dependiente del megafondo de inversión norteamericano Oaktree.
Como desveló FARO, el dueño del astillero (la SA, ya sin las instalaciones) está domiciliado en Islas Caimán a través de un intrincado sistema de mercantiles de Malta, Luxemburgo, Liechtenstein y Singapur. Su máximo responsable es el canadiense Douglas A. Prothero, también expresidente ejecutivo del astillero y que ha encargado en Francia los dos cruceros de ultralujo que había prometido para el naval vigués. El único buque que arrancó en Barreras, el Evrima, lo mandó retirar anticipadamente a Santander con la falsa promesa de retornarlo tras los trabajos de pintura; ya había pedido presupuestos en Cantabria para rematarlo antes de abandonar Beiramar, como también avanzó este periódico. En todo caso, esta remuneración parcial por la fase común del concurso no será la última para Tahice Legal.
En la caja de Hijos de J. Barreras, como consta en el mismo informe, figuran cerca de 10 millones de euros en “bancos”. Es el importe que ha de satisfacer las deudas pendientes de abonar, con la orden de prelación que determina la ley concursal. Entre créditos con privilegio general, ordinarios y contra la masa (los adquiridos después de la fecha de declaración de concurso, como son los de la administración concursal) faltan por abonar unos 11 millones de euros.
El problema continúa siendo el mismo que antes de la venta de la unidad productiva a Armón: los litigios pendientes. De un lado está el de Havila Kystruten, cuya primera vista se celebró en julio en un tribunal de Londres pero del que no han trascendido novedades. La naviera noruega, que cotiza en Bolsa y tiene que informar de cualquier circunstancia relevante para sus cuentas, no ha desvelado avances en ningún sentido. Del otro está Naviera Armas –figura un depósito constituido a largo plazo por 4,28 millones por este pleito–, que adelantó 28 millones de euros por un ferri del que nunca se cortó una chapa. Por eso, que empresas como JJ Naval, Montajes Cancelas, Norinver, Maessa, Talleres Dizmar o Tuycalde ingresen sus créditos dependerá de esos litigios en curso, y por importe de cerca de 70 millones de euros. Armón abonó 14,7 millones por todas las instalaciones (14,2 millones por las instalaciones y 500.000 euros por el acero de los cruceros de Havila).
