Con una inflación en el 10,8%, las familias hacen malabares para llenar la lista de la compra. Pero, si hay un grupo de productos que empuja los precios hacia arriba es el de la energía. Solo en el último año, la electricidad, el gas y los demás combustibles se han encarecido un 50,4%, según el INE. Pero este fenómeno no se limita a los últimos 12 meses: desde febrero de 2020, último mes antes de que la pandemia pusiera el mundo patas arriba, los productos energéticos se han encarecido un casi inasumible 75,13%. La situación afecta de manera directa a las familias, pero también tiene un impacto significativo sobre las empresas, que en muchos casos tienen un alto consumo de electricidad o derivados del petróleo y llevan meses viendo cómo su actividad se ve amenazada por este encarecimiento. Así, empresas gallegas de distintos sectores, especialmente los de alto consumo, están empezando a negociar nuevos contratos a tarifa plana con las suministradoras en un intento de garantizar algo de certidumbre, aun a costa de verse obligadas a pagar sobrecostes prácticamente imposibles de repercutir en el precio final de sus productos.
Es el caso de las empresas de frigoríficos, de alto consumo eléctrico, especialmente las que no solo se dedican a la conservación del producto, sino también a su congelación. El presidente de la Asociación de Frigoríficos de Pesca Extractiva (Afripex), Marcos Salgueiro, explica a FARO que muchas empresas del sector llevan ya meses negociando “contratos a muy largo plazo” con tarifas fijas para blindarse ante futuros encarecimientos repentinos que pongan en jaque la viabilidad de las compañías. Eso sí, las comercializadoras no están dispuestas a dar duros a cuatro pesetas e imponen sus propias condiciones. “Te aseguran una tarifa fija, pero por un precio un 10% o un 14% más alto al de antes de la pandemia”, explica Salgueiro. Este encarecimiento es sensiblemente inferior al experimentado desde entonces por la energía, pero no es ese el único requisito que piden, ya que también están exigiendo que la vigencia de los contratos sea más prolongada de lo acostumbrado. “Te ofrecen esos precios, pero, a cambio, te obligan a vincular el contrato por periodos de siete, ocho, nueve años”, ahonda Salgueiro. “En algunos casos excepcionales, hay empresas que tienen vinculaciones de hasta 11 años”, añade. Esta es una fórmula que “más o menos te asegura un coste competitivo para lo que es la situación de hoy, pero te deja a la aventura en el medio y largo plazo”, lamenta.
La situación no es exclusiva del sector de los frigoríficos. El gerente de la Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), Óscar Gómez, cuenta a FARO que, cuando se empezó a encarecer la energía, distintas suministradoras con las empresas del sector tenían firmados contratos por dos años empezaron a recibir notificaciones que les informaban de que había que cambiar las condiciones de dicho contrato. “Los estaban anulando unilateralmente”, protesta. Ahora, estas empresas se ven obligadas a negociar contratos con nuevas tarifas ante la imposibilidad de prescindir de la electricidad, una partida que, hace dos años, suponía un 6% de los gastos totales de una empresa del sector, según Gómez, y que hoy “estará llegando al 10% o al 11%”.
“Las energéticas te dan una tarifa fija, pero te piden una permanencia alta”
La maderera coruñesa Molduras del Noroeste firmó un contrato de cinco años con tarifa fija el pasado noviembre. “Nos echarán cuando quieran, supongo, pero de momento va bien”, traslada un responsable de esta empresa. Fuentes industriales alertan de que estos sobrecostes son difíciles de trasladar al precio final y vaticinan que, cuando se hace, significa siempre el preludio de una caída aún mayor del consumo. “Si subimos el precio, dentro de unos meses habrá una pelea por ver si asumimos una bajada del consumo o si tenemos que bajar otra vez el precio y nos conformamos con una caída del consumo más moderada”, resumen.
