El paro convocado por la Plataforma de defensa del transporte de mercancías por carretera pilló por sorpresa al propio sector y al resto de la economía. Nadie se esperaba semejante respaldo a una organización minoritaria, casi desconocida, que se alimentó del descontento generalizado por los precios de los combustibles para asfixiar la cadena de suministros durante dos larguísimas semanas. A su favor jugó el evidentemente conocimiento que tienen los camioneros sobre los puntos neurálgicos de la logística y los pulmones de la distribución comercial. Por eso Galicia, donde tenían el apoyo de otras patronales oficiales, se convirtió en epicentro de las movilizaciones. Fue un golpe de efecto. El bloqueo de los puertos, los mataderos y la recogida de la leche vació las estanterías de los productos esenciales del resto del país, convertidas en la imagen de portada para ilustrar el éxito de la protesta. Casi ningún centro productivo se libró del goteo en el abastecimiento en un momento muy complicado de por sí por los cuellos de botella en un montón de materias primas y el encarecimiento de los costes. Detrás de los mensajes apocalípticos, sin embargo, hay otra realidad protagonizada por la clara recuperación pospandemia del mercado laboral.
Galicia cerró marzo con unas 1,027 millones de afiliaciones a la Seguridad Social. Se crearon 3.850 empleos a lo largo del mes pasado, a pesar de los efectos del paro de los transportistas durante la segunda quincena y los problemas que sufren algunos sectores por la sequía de materiales. El incremento en la ocupación es todavía más fuerte en lo que va de abril. Hasta el día 20, el organismo sumó 7.743 nuevas altas y el total supera a estas alturas los 1,035 millones de cotizantes, según el avance publicado ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una cifra que no se veía desde julio de 2021, en plena temporada estival coincidiendo con los picos de afiliación del año, y que cada vez se parece más a los máximos del empleo de 2007 y 2008, antes de la grave recesión financiera.
La vuelta a la normalidad en el transporte de mercancías por carretera y la buena campaña turística de la Semana Santa mantienen la buena salud del empleo frente a la inflación y las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. La provincia de Pontevedra lidera el ascenso de la ocupación en los primeros 20 días de este mes en Galicia. Subió algo más del 0,8% tras sumar 2.976 afiliaciones. El alza en A Coruña fue del 0,8% (3.548 puestos), cerca del 0,8% también en Lugo (947) y del 0,2% en Ourense (275 nuevos cotizantes). ¿Cuántos trabajadores están en ERTE? A 31 de marzo había 5.369, solo 15 más que en febrero a pesar de los cortes de producción derivados de la falta de materias primas por la protesta del transporte en Galicia. Para saber la evolución por comunidades en abril –ya sin expedientes motivados por COVID– hay que esperar hasta principios del mes que viene, pero en el conjunto del Estado la extinción temporal o parcial de los contratos motivados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se desplomaron con el fin del paro del transporte hasta “niveles extraordinariamente bajos”, como aseguró ayer José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social.
Por primera vez España supera la barrera de los 20 millones de afiliaciones y la previsión es acabar abril con 36.000 nuevas altas en total en términos desestacionalizados. Dato “muy positivo”, en opinión de Escrivá, dando “el contexto inflacionista significativo” y la finalización de los ERTE de pandemia y las prestaciones excepcionales a los autónomos. “Por el perfil estacional, los puntos máximos se suelen alcanzar en julio. Estando en abril, nos quedan tres meses de datos claramente crecientes. Vamos a seguir viendo como nos alejamos hacia arriba de ese nivel –señaló el ministro, en relación a los 20 millones de cotizantes–. Es francamente muy alto”. El 77% de los contratos firmados en lo que va de mes son indefinidos.
Ya en marzo, la mayoría de ramas de actividad arrojaron un saldo positivo del empleo. La ocupación en las administraciones creció en 1.630 personas; en 940 en hoteles y el resto de negocios de alojamientos; en casi 550 en educación; 487 en hostelería; por encima de las 300 en otras actividades profesionales, científicas y técnicas; y alrededor de esa cantidad también en sanidad. La otra cara son las ETT, donde se destruyeron 466 empleos; y la industria de la automoción, que prescindió en marzo de 378 efectivos.
La Inspección de Trabajo se reforzará con la contratación de 200 interinos
CSIF, UGT y CIG han alcanzado un acuerdo con Función Pública por el que la Administración General del Estado se compromete a reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la contratación de 200 interinos y a mejorar las condiciones laborales de la plantilla. Ante la intensificación de la actividad de la Inspección derivada de la reforma laboral, el acuerdo, al que no se han sumado CCOO y ELA, contempla la puesta en marcha este año de un plan extraordinario para retribuir el rendimiento y la actividad del personal del organismo, con una dotación presupuestaria de 6 millones de euros, que se concretará en una productividad adicional en la nómina de los trabajadores.
En las ofertas anuales de empleo público se fijarán unas tasas de reposición suficientes para garantizar el refuerzo. De manera adicional, y con cargo a la oferta de empleo 2021, se asignarán de manera inmediata 200 plazas para ser cubiertas con personal interino hasta que se proceda a la provisión legal de las vacantes.
Escrivá se abre a cambiar los plazos para la nueva cotización de autónomos
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pide a las asociaciones de autónomos que acerquen posiciones sobre sus propuestas para el nuevo sistema de cotización, ya que “están en situaciones muy divergentes todavía” y su intención es que el acuerdo “tenga el máximo consenso posible”. José Luis Escrivá subrayó ayer que su ministerio “no ha divulgado ninguna propuesta formal”, insistió en que su postura es la de negociar y aproximar posiciones y negó que la intención de su cartera sea una reforma para los próximos tres años.
El ministro se mostró abierto a aceptar “distintas fórmulas que permitan buscar consenso”, entre ellas, una modificación en los plazos para desarrollarlo. “Este es un modelo que puede tardar 10 años en desplegarse, es una reforma estructural de medio plazo”, dijo, aunque “estamos abiertos a distintas fórmulas que permitan buscar consenso y acuerdos sobre como transicionar. Estamos abiertos a distintas posibilidades”.
